SANTO DOMINGO.– El Seguro Nacional de Salud (Senasa) impuso nuevas medidas que afectan directamente a los afiliados del régimen contributivo y subsidiado, al suspender el servicio de entrega a domicilio de medicamentos ambulatorios y exigir ahora la presencia física del afiliado con su carnet original para obtener los medicamentos en farmacias.
La disposición ha causado malestar en usuarios que denuncian trabas innecesarias al uso legítimo de su seguro, calificándola como una acción deliberada para dificultar el acceso a la cobertura y empujar a los asegurados a pagar en efectivo.
El carnet físico es ahora obligatorio
De acuerdo con la comunicación enviada a las principales cadenas farmacéuticas del país, Senasa exige que, a partir de este mes, ningún medicamento será despachado sin que el titular se presente personalmente con su carnet físico.
Esta medida excluye por completo el uso de imágenes digitales, aplicaciones móviles u otras formas de verificación remota previamente aceptadas.
La eliminación del servicio de delivery, que fue vital para pacientes con movilidad limitada, adultos mayores y personas que trabajan extensas jornadas, agrava aún más el impacto de esta nueva política.
Usuarios denuncian que la medida favorece pagos en efectivo
Algunos afiliados aseguran que esta medida “parece diseñada para provocar que se pague en efectivo” y que obstaculiza la cobertura de salud, especialmente cuando se trata de compras urgentes fuera del horario laboral o para personas que no pueden trasladarse fácilmente.
Una de las críticas más recurrentes es que estas barreras podrían estar orientadas a reducir artificialmente la ejecución del presupuesto del seguro, trasladando el gasto al bolsillo del usuario en un contexto de alta inflación y con un sistema que ya presenta deficiencias.
Riesgos de pérdida de afiliación
Especialistas del área de seguridad social advierten que esta decisión podría generar un “éxodo masivo” de usuarios del régimen contributivo hacia otras ARS privadas, lo cual debilitaría aún más la sostenibilidad financiera de Senasa.
Algunos usuarios ya han advertido que dejarán de renovar sus pólizas si estas condiciones persisten, y exigen una revisión inmediata por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
Silencio oficial ante los reclamos
Pese al descontento, Senasa no ha emitido una explicación pública detallada sobre los criterios técnicos o financieros que sustentan la decisión.
Mientras tanto, los reclamos de pacientes se multiplican en redes sociales, acusando a la entidad de actuar “a espaldas del pueblo” y de alejarse de los principios de equidad y acceso universal que justifican su existencia.
El contraste con el discurso oficial del Gobierno, que insiste en que “todo está bien” en el sistema de salud, ha generado aún más frustración entre los afectados.