Dary Terrero
SANTO DOMINGO OESTE. – A la redacción de este medio llegaron varios videos grabados por ciudadanos, donde se observa a regidores del municipio Santo Domingo Oeste paralizando personalmente obras de infraestructura, algo que según la ley debe ejecutar exclusivamente la Dirección de Planeamiento Urbano.
Los regidores aparecen en las imágenes deteniendo trabajos de construcción en diferentes zonas, actuando bajo una orden del Consejo de Regidores. Sin embargo, la ejecución directa de esta paralización no es competencia de ellos, sino del departamento técnico de Planeamiento Urbano.
La ejecución debe ser técnica y no política
La Ley 176-07 establece claramente que las funciones de los regidores son de carácter normativo y fiscalizador, sin facultad para actuar directamente en la supervisión o detención de obras en ejecución.
La Dirección de Planeamiento Urbano es el órgano responsable de analizar, emitir permisos, y aplicar medidas técnicas y administrativas para regularizar o paralizar proyectos que incumplan normas urbanísticas.
Cuando los regidores asumen tareas de ejecución, se crea un precedente que puede facilitar abusos y generar conflictos de intereses, sobre todo en un contexto donde se han denunciado cobros irregulares de arbitrios dentro del Ayuntamiento.
Dudas sobre posibles abusos y presiones
El hecho de que sean los propios regidores quienes detengan obras genera preocupación sobre el uso arbitrario de esa facultad para fines políticos o económicos, sin la supervisión técnica adecuada.
Esta situación se agrava tras la denuncia pública del presidente del Concejo de Regidores, quien alertó sobre cobros ilegales de arbitrios por parte de una empleada municipal. La combinación de ambos hechos despierta suspicacias sobre posibles presiones y chantajes.
Los ciudadanos y expertos advierten que la administración municipal debe evitar que estas prácticas desvirtúen la transparencia y la institucionalidad, asegurando que cada área cumpla con sus responsabilidades legales.
Necesidad de respetar la institucionalidad y el debido proceso
Especialistas en derecho público señalan que la fortaleza de la gestión local depende del respeto a los límites de competencia y la aplicación correcta de los procedimientos administrativos.
El Concejo de Regidores debe limitarse a emitir resoluciones y ordenanzas, dejando a las direcciones técnicas la responsabilidad de aplicar y ejecutar las medidas pertinentes.
Por ahora, ni el Ayuntamiento ni el presidente del Concejo han aclarado si estas paralizaciones fueron coordinadas con Planeamiento Urbano o si existió autorización formal para que los regidores actúen directamente en las obras.
La ciudadanía demanda transparencia y explicaciones claras que garanticen el respeto a la ley, evitando prácticas que puedan dañar la confianza en las autoridades locales.
Steffany Baez
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