El abogado Francisco Consoró, representante legal de dos de los imputados en el caso Operación Onco14, cuestionó este martes que el Ministerio Público haya limitado la acusación a solo dos miembros del consejo directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, pese a que la entidad está integrada por nueve personas.
El jurista calificó la actuación como “selectiva” y sostuvo que no todos los integrantes del órgano de dirección han sido incluidos en el expediente.
“Solamente acusan al ingeniero Lora y a otra persona, cuando se trata de un consejo compuesto por nueve integrantes”, afirmó Consoró durante la audiencia.
El abogado también criticó la intervención de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al alegar que el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) no se trata de una institución pública.
Sus declaraciones fueron ofrecidas en el marco del proceso judicial derivado de la Operación Onco14, mediante la cual las autoridades investigan un presunto esquema de fraude en el manejo de fondos destinados a servicios oncológicos.
En este caso, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados: Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del patronato; su esposa Luisa Yasiris Guzmán; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
El órgano acusador sostiene que los procesados habrían utilizado el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao para sustraer fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mediante distintas maniobras fraudulentas.
La audiencia fue aplazada para el próximo jueves 25 de junio a las 4:30 de la tarde.
De forma paralela, la defensa de Dilcia Isabel Vargas Sánchez informó que la imputada estaría colaborando con el Ministerio Público en la investigación y que solicitará prisión domiciliaria, alegando su disposición de cooperación en el proceso.










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