Steffany Baez
El Ministerio Público solicitó este martes 18 meses de prisión preventiva contra tres personas vinculadas a una presunta estructura fraudulenta que habría operado en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), mediante el desvío de fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del patronato y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien también ocupó funciones administrativas y de auditoría dentro de la entidad.
El órgano persecutor, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, solicitó además que el caso sea declarado complejo por la cantidad de hechos investigados y la gravedad de las imputaciones.
La audiencia de medidas de coerción, conocida por la jueza Estefani Reyes, fue aplazada para el jueves 25 de junio, cuando se reanudará el proceso con las réplicas y contrarréplicas de las partes.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían utilizado diversos mecanismos para sustraer recursos públicos, incluyendo doble facturación a SeNaSa, falsificación de documentos médicos, manipulación de indicaciones clínicas, venta de medicamentos donados y cobros por servicios no prestados.
El Ministerio Público también señala presuntas prácticas como lavado de activos, sobornos a suplidores, uso indebido de exoneraciones fiscales, gasto irregular de fondos institucionales y autoasignación de salarios y beneficios.
La investigación, denominada Operación Onco14, fue ejecutada por la Dirección General de Persecución, la Pepca y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal, durante la cual se incautaron dinero en efectivo, vehículos, documentos, equipos electrónicos y otras evidencias.
Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Dary Terrero
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