La República Dominicana obtuvo una decisión enteramente favorable en el arbitraje internacional iniciado por Yves Martine Garnier, bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito con Francia en 1999.
Laudo arbitral
El Tribunal Arbitral, mediante laudo dictado el 19 de agosto de 2026, desestimó en su totalidad las pretensiones del demandante, que ascendían a más de US$100 millones (equivalentes a RD$5,882 millones según la tasa de cambio actual).
El procedimiento, iniciado el 4 de octubre de 2021 y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso número 2022-01, tuvo su origen en la terminación del contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos suscrito entre EGTT Dominicana, S.A., empresa del demandante, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Fundamentos de la decisión
El Tribunal determinó que la terminación del contrato fue válida conforme al derecho dominicano, debido a las deficiencias de EGTT Dominicana en la prestación del servicio. Asimismo, concluyó que los hechos alegados por el demandante no alcanzaban el estándar requerido para configurar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano en virtud del tratado.
Defensa del Estado
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó que “la defensa del Estado no es únicamente la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos”.
La defensa fue coordinada inicialmente por el MICM, junto con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, y posteriormente se sumó el Ministerio de Justicia, que en virtud de la Ley núm. 80-25 tiene la representación del Estado en arbitrajes de inversión. El país contó además con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, desde su oficina en Washington, D.C.
Política de defensa activa
Este resultado se inscribe en la política de defensa activa del Estado dominicano en materia de arbitraje de inversión, orientada a proteger los recursos públicos y preservar el clima de seguridad jurídica que sustenta la inversión extranjera en el país.