Documentos oficiales revelan que el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y el Consorcio Mendes Junior–Méndez Cabral mantienen un prolongado conflicto judicial derivado de contratos de dación en pago firmados entre 1999 y 2004, vinculados al pago de deudas del Estado por la ampliación de la Autopista Duarte y terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera.
Antecedentes
- En 1999, el Poder Ejecutivo solicitó a la Junta Monetaria una operación para saldar deudas con contratistas de obras públicas.
- El BCRD suscribió contratos con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Secretaría de Obras Públicas, comprometiéndose a transferir terrenos como forma de pago.
- En 2004, el Consorcio Mendes Junior–Méndez Cabral recibió 5,000 metros cuadrados en la parcela 110-Reform.-780-T-11, ubicada en el área del Aeropuerto de Herrera.
Disputas judiciales
- En 2007, el Consorcio intentó impugnar deslindes realizados por otros propietarios, pero el Tribunal de Tierras declaró la demanda inadmisible.
- En 2017, demandó la rescisión del contrato de dación en pago, alegando que nunca pudo tomar posesión efectiva del terreno, reclamando US$2.5 millones en daños y perjuicios.
- En 2024, volvió a demandar la nulidad de deslindes, incluyendo contratos con Grand Realty S.A. y Productos del Trópico, C. por A., vinculada al empresario José Luis Corripio Estrada.
- Una sentencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reconoció indemnización a favor del Consorcio, pero el BCRD recurrió en casación, alegando vicios legales y falta de motivación.
Posición del Banco Central
El BCRD sostiene que:
- Cumplió con la entrega del inmueble, transfiriendo el título y constancia anotada al Consorcio en 2004.
- El Consorcio conocía la ubicación y estatus jurídico del terreno, siendo su responsabilidad realizar el deslinde y subdivisión.
- La sentencia que favorece al Consorcio no es definitiva y puede ser recurrida en casación y revisión constitucional.
Situación actual
Un informe técnico realizado en marzo de 2026 confirmó que la porción de 5,000 m² sigue registrada a nombre del Consorcio y disponible. Sin embargo, las controversias judiciales continúan, con reclamos de indemnización que ascienden a US$5 millones, mientras el Banco Central insiste en que ya cumplió con sus obligaciones contractuales.