El debate sobre las alzas en la tarifa eléctrica y las deficiencias de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) ha acaparado la agenda nacional en las últimas semanas. Figuras de la oposición, como el exvicepresidente de la Cdeee, Rubén Bichara, y el exsuperintendente de Electricidad, Juan Gómez, han exigido auditorías, declaratorias de emergencia y han condenado lo que califican como una falta de gerencia actual.
Sin embargo, una revisión exhaustiva a la hemeroteca nacional de la última década revela que el escenario que hoy denuncian fue la norma estructural y operativa durante sus propias gestiones.
Crisis documentadas
En 2012, bajo la dirección técnica de Juan Gómez en la Superintendencia de Electricidad (SIE), las protestas por apagones de hasta 15 horas y la instalación de nuevos sistemas de cobro derivaron en violencia en Santiago, donde comunitarios destruyeron 53 medidores y quemaron el letrero de Edenorte.
En 2013, ya con Rubén Bichara al frente de la Cdeee, comerciantes denunciaron quiebra por facturaciones infladas. El caso del Car Wash Leger en Santo Domingo Este ejemplificó cómo las penalidades y cobros excesivos castigaban a negocios formales.
Entre 2017 y 2019, la crisis se reflejó en devoluciones masivas ordenadas por Protecom, que en un solo mes de 2017 obligó a las distribuidoras a devolver RD$10.5 millones a usuarios, el 87 % por alta facturación. En 2018, comunidades como Los Alcarrizos realizaron piquetes semanales contra las EDE, y en septiembre de 2019 residentes de Bonao quemaron sus facturas en protesta por cobros considerados irreales.
Estadísticas reveladoras
Registros de medios y observatorios como Somos Pueblo y Acento documentan que en apenas dos años de esas gestiones pasadas, el Estado obligó a las EDE a devolver más de RD$134 millones a usuarios. En mediciones semestrales, hasta el 97 % de las quejas formales se concentraron en la alta facturación.
La paradoja política
A la luz de este historial, las recientes exigencias de figuras como Bichara y Gómez resultan paradójicas. Los problemas de facturación estimada, cobros indebidos, colapso del sistema de quejas y rechazo social a los medidores no son fenómenos exclusivos de 2026, sino grietas heredadas de administraciones anteriores que entregaron el sistema con pérdidas superiores al 30 %.
El debate actual sobre la tarifa eléctrica exige soluciones técnicas y transparencia por parte de las autoridades del Consejo Unificado de las EDE (CUED). Sin embargo, el repaso histórico deja claro que los voceros que hoy se presentan como críticos fueron también protagonistas de la misma crisis de confianza que ahora denuncian.