Nagua, María Trinidad Sánchez.– Socios de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) solicitaron al Ministerio Público investigar la adquisición de los terrenos destinados a la construcción de sus oficinas regionales en Nagua, ante interrogantes sobre los montos de la operación y los recursos desembolsados.
La solicitud busca esclarecer las condiciones en que se aprobó la compra, identificar a las personas involucradas en la negociación y determinar cuánto dinero recibió finalmente el propietario del inmueble.
De acuerdo con el informe institucional de COOPNAMA correspondiente a 2019, durante el año 2018 fue aprobada la adquisición de terrenos en Nagua por un monto de RD$33 millones.
Sin embargo, el comunicador y socio de la cooperativa Hanly Dary Terrero señaló públicamente que la operación habría alcanzado los RD$42 millones, por lo que pidió aclarar la diferencia entre ambas cifras.
Exigen transparencia en los pagos
Terrero solicitó que las autoridades de COOPNAMA pongan a disposición de los asociados el contrato de compraventa, las tasaciones y los comprobantes de pago relacionados con la adquisición.
Asimismo, reclamó identificar a las personas físicas o jurídicas que participaron en la negociación y determinar si existieron intermediarios.
Hasta el momento, el monto efectivamente desembolsado por la compra de los terrenos no ha sido establecido mediante la documentación presentada en la denuncia.
Construcción fue contratada por RD$296.6 millones
Los estados financieros auditados de COOPNAMA registran un contrato firmado el 10 de junio de 2020 por RD$296,594,302.95 para la construcción del Edificio Corporativo Regional Nagua.
En marzo de 2021, la cooperativa informó que las nuevas instalaciones estarían destinadas a ofrecer servicios a unos 6,500 asociados pertenecientes a diez distritos cooperativos.
No obstante, Terrero también solicitó explicaciones sobre la paralización de los trabajos, los recursos desembolsados hasta la fecha y el porcentaje de ejecución de la obra.
Los socios pidieron que cualquier investigación incluya la revisión de los pagos realizados, las cubicaciones de construcción y las posibles modificaciones al contrato original.
La solicitud busca que el Ministerio Público determine si las operaciones se realizaron conforme a los procedimientos correspondientes y establezca cualquier eventual responsabilidad, en caso de identificarse irregularidades.
Hasta el momento, las diferencias señaladas en los montos no constituyen por sí mismas una prueba de irregularidad, por lo que los denunciantes insisten en la necesidad de una investigación documental que permita esclarecer las operaciones.