El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió este viernes que quienes incurran en actos de corrupción deberán responder ante la justicia, al referirse a los allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como parte de las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
“Este es un tema que está en la justicia. Pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice”, afirmó el jefe de Estado al ser abordado por periodistas durante su agenda de trabajo en Puerto Plata.
Respaldo institucional
Abinader reiteró que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades que correspondan, conforme al debido proceso y al marco institucional. El mandatario ha expresado en reiteradas ocasiones su respaldo a las pesquisas sobre el manejo de los recursos públicos y ha señalado que quienes resulten responsables de actos de corrupción deberán enfrentar las consecuencias legales.
Caso SeNaSa
El proceso judicial se enmarca en la investigación denominada Senasa 2.0, que involucra presuntas irregularidades en la aseguradora estatal. En el marco de esta nueva fase, el Ministerio Público ha desplegado allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, que han dejado al menos 29 personas detenidas, en su mayoría médicos.
Las autoridades sostienen que la estructura investigada habría operado durante varios años dentro del SeNaSa, desviando fondos públicos y manipulando procesos internos para beneficiar económicamente a funcionarios y personas vinculadas a la institución.
Próximos pasos
La investigación permanece en manos del Ministerio Público, que deberá determinar los hechos y las responsabilidades individuales que pudieran derivarse del proceso. El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó recientemente una prórroga hasta el 11 de diciembre de 2026 para que el órgano acusador concluya las pesquisas y presente la acusación formal.
Con su declaración, Abinader reafirma la postura del Gobierno de respaldar la independencia del Ministerio Público y garantizar que los casos de corrupción sean procesados en los tribunales, en un contexto en el que la ciudadanía demanda mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.