El presidente Luis Abinader recibió este viernes en el Palacio Nacional la Declaración de Santo Domingo, al cierre de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, consolidando a República Dominicana como eje del diálogo judicial regional.
En el acto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina Peña, entregó el documento en representación de los presidentes de los poderes judiciales de 23 países que participaron en el encuentro.
Justicia con rostro humano y visión transformadora
La Declaración de Santo Domingo plantea una serie de compromisos para los sistemas judiciales de Iberoamérica, con el objetivo de garantizar una justicia más independiente, transparente, ética y centrada en la dignidad humana.
Entre las principales acciones figuran la incorporación de valores axiológicos en la planificación estratégica, la actualización del Mapa Judicial Iberoamericano y el fortalecimiento de la cooperación solidaria.
También promueve el uso responsable de la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, la protección del medio ambiente y la equidad de género como ejes transversales de los sistemas de justicia.
Fortalecer la democracia desde los tribunales
El documento llama a los poderes judiciales a liderar una acción transformadora para fortalecer el Estado de derecho, especialmente en un contexto donde las instituciones enfrentan cuestionamientos y desafíos que ponen en riesgo los avances democráticos de las últimas décadas.
Los representantes judiciales afirmaron su compromiso con una justicia que responda a las necesidades reales de la ciudadanía, fomente la confianza pública y actúe como motor de cambio social y ambiental.
La declaración incluye una exhortación para garantizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, asegurar la equidad procesal y sustantiva, y actuar con visión ética a favor de las futuras generaciones.
Reconocimiento a la República Dominicana
Durante la entrega de la declaración, se destacó la organización de la cumbre por parte del Poder Judicial dominicano y el rol asumido por el país como anfitrión de una de las citas más importantes del calendario judicial iberoamericano.
La presencia del presidente Abinader reafirma el respaldo del Poder Ejecutivo a los procesos de modernización del sistema judicial nacional, orientados a brindar respuestas oportunas, accesibles y efectivas para todos los sectores sociales.
Los firmantes expresaron su convicción de que los tribunales deben ser faros de esperanza, confianza y garantía de derechos para la región.
Participación de 23 países
La Declaración de Santo Domingo fue firmada por los máximos representantes judiciales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico (Estado Libre Asociado), Uruguay y la República Dominicana.
Este compromiso conjunto posiciona a la región como una comunidad decidida a construir una justicia moderna, humana y coherente con los desafíos del siglo XXI.










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