Dary Terrero
El abogado Richard Martínez confirmó este viernes que su cliente, Jean Andrés Pumarol, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, por lo que solicitó que se le brinde un trato acorde a su condición de salud mental en el proceso judicial que enfrenta.
El jurista explicó que Pumarol está siendo evaluado por un especialista en salud mental y que, por esa razón, no fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde estaba pautada la audiencia de solicitud de medida de coerción en su contra.
Pide respeto a derechos del imputado
Martínez recalcó que su defendido no debe ser tratado como un imputado en condiciones normales, ya que padece un trastorno psiquiátrico que requiere atenciones específicas.
En ese sentido, pidió que se respete su dignidad humana y se tomen en cuenta los protocolos legales y médicos establecidos para personas con enfermedades mentales.
“La esquizofrenia paranoide es una condición grave. No podemos ignorar que Jean Andrés necesita un abordaje clínico integral, no solo medidas punitivas”, expresó el abogado al hablar con la prensa.
Evaluación médica es clave para definir medidas
De acuerdo con las declaraciones del defensor, la decisión de posponer su comparecencia se tomó tras valorar las recomendaciones del médico tratante, quien emitió un informe indicando la necesidad de evitar estrés judicial innecesario mientras se concluyen los estudios psiquiátricos.
El abogado aseguró que notificó al tribunal correspondiente sobre el diagnóstico de su cliente y solicitó que, antes de imponer cualquier medida de coerción, se valore el estado de salud mental del imputado como factor determinante.
Posible internamiento en centro especializado
Fuentes cercanas al proceso indicaron que, dependiendo del resultado de la evaluación, podría solicitarse que Pumarol sea internado en un centro de atención para personas con trastornos mentales, en lugar de ser enviado a prisión preventiva.
Esta alternativa se considera dentro del marco legal cuando se demuestra incapacidad para afrontar el proceso penal de forma ordinaria.
El caso ha generado atención pública, no solo por la naturaleza del proceso judicial, sino también por el debate sobre el tratamiento de personas con condiciones psiquiátricas en el sistema de justicia dominicano.
Organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad han insistido en la necesidad de implementar políticas judiciales más humanas, que garanticen tanto el debido proceso como la atención médica adecuada para los acusados con diagnósticos clínicos confirmados.
Dary Terrero
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