Steffany Baez
La acusación popular en el proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, redujo de 24 a 13 años de prisión la pena que solicita en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, de cara al juicio que será conocido por un jurado popular.
En el nuevo escrito presentado este lunes, la acusación solicita dos años de cárcel por tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación y ocho años por un delito de malversación no continuado, modificando así su petición inicial.
El caso investiga la gestión de una cátedra vinculada a la Universidad Complutense de Madrid, donde, según la acusación encabezada por la organización Hazte Oír, Gómez asumió la codirección sin un proceso de selección ni la acreditación de la titulación requerida para el cargo.
Además, se le atribuye un presunto delito de malversación por el supuesto uso de recursos públicos al destinar a actividades privadas el trabajo de Cristina Álvarez, su asesora, quien también enfrenta el proceso. Para ella, la acusación redujo la petición de prisión de 22 a seis años.
La presentación del nuevo escrito se produce después de que la Audiencia de Madrid confirmara que Begoña Gómez deberá ser juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
Como parte de la estrategia procesal, la acusación solicitó la comparecencia de cerca de un centenar de testigos, entre ellos el presidente Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al considerar que el Palacio de La Moncloa habría servido como espacio de relaciones para el desarrollo del proyecto investigado.
El pasado 16 de julio, el juez instructor ordenó la apertura de juicio por los delitos de tráfico de influencias y malversación, al tiempo que archivó las acusaciones por apropiación indebida y corrupción en los negocios. Asimismo, dejó sin efecto las medidas cautelares que impedían a Gómez salir de España, por lo que recuperó su pasaporte y ya no tendrá que comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.
Dary Terrero
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