Dary Terrero
El proceso judicial por presunta difamación e injuria en contra de la comunicadora Ingrid Jorge sigue sumando elementos de presión, luego de que la magistrada actuante advirtiera a su defensa sobre la posibilidad de incurrir en litigación temeraria.
El abogado de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, Miguel Valerio, aseguró que la jueza exhortó al equipo de defensa de Jorge a no caer en maniobras dilatorias ni argumentaciones sin sustento, señalando que de continuar en esa línea, podrían enfrentar sanciones por conducta procesal impropia.
En ese contexto, Valerio afirmó que la advertencia incluye la imposición de multas, conforme lo establece la legislación procesal penal cuando un litigante actúa con mala fe, ocultando hechos o promoviendo incidentes innecesarios.
Coerción e impedimento de salida
La comunicadora e influencer Ingrid Jorge, también conocida como “La Titi”, recibió medidas de coerción la pasada semana tras ser acusada por Raful y el procurador adjunto Iván Féliz Vargas.
Ambos presentaron querellas separadas por difamación e injuria, tras las declaraciones de Jorge en redes sociales donde afirmaba poseer videos íntimos de ambas figuras públicas.
La jueza le impuso una garantía económica de un millón de pesos a través de una aseguradora y le prohibió salir del país durante el proceso.
El tribunal acogió parcialmente las solicitudes del Ministerio Público, que calificó las acciones de Jorge como ataques graves a la honra de funcionarios del Estado.
Ley 53-07 como fundamento legal
Las acusaciones contra Jorge están fundamentadas en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta norma penaliza las expresiones difamatorias e injuriosas cometidas mediante plataformas digitales, estableciendo sanciones más severas cuando afectan la dignidad de personas públicas en el ejercicio de sus funciones.
El Ministerio Público argumenta que las declaraciones de Jorge no solo afectan la imagen de las víctimas, sino que podrían constituir una estrategia sistemática de desinformación, con implicaciones éticas y jurídicas.
Segundo caso en curso
El procurador adjunto Iván Féliz Vargas también depositó una querella independiente contra Jorge, tras ser mencionando en las declaraciones difundidas por la comunicadora.
Ambas querellas se conocen por separado, pero forman parte del mismo patrón de comportamiento en redes sociales, según argumentan los abogados de los querellantes.
De acuerdo con las partes acusadoras, este caso puede marcar un precedente en la aplicación judicial de la Ley 53-07 a figuras públicas con gran exposición en medios digitales.
Reacciones y próximos pasos
En las afueras del tribunal, el abogado Valerio reiteró que su clienta no busca una indemnización económica, sino la protección de su integridad moral.
“No vamos a permitir que se utilicen las redes como instrumentos de destrucción personal”, dijo el jurista.
El proceso continuará en las próximas semanas con la presentación de evidencias por parte del Ministerio Público y los abogados de los querellantes.
La defensa de Jorge, mientras tanto, ha solicitado la revisión de las medidas de coerción, alegando que no existe peligro de fuga ni obstrucción del proceso.
Dary Terrero
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