La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, homologó este martes el acuerdo alcanzado entre el comunicador Ángel Martínez y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en el proceso seguido por difamación contra la funcionaria.
Condena suspendida
En virtud del acuerdo, Martínez aceptó ser condenado a un año de prisión, cuya ejecución fue suspendida en su totalidad, y al pago de una indemnización de RD$2 millones a favor de Raful por los daños morales y materiales derivados de las declaraciones emitidas en su canal de YouTube.
Durante la audiencia, el comunicador reconoció de manera libre, expresa y voluntaria los hechos que se le atribuían, con la asistencia de su abogado, y ofreció disculpas públicas por las afirmaciones realizadas en contra de la ministra.
Declaración de culpabilidad
El tribunal lo declaró culpable de violar los artículos 21 y 22 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Además de suspender la pena privativa de libertad, le impuso reglas de conducta durante el período de un año.
Entre las condiciones establecidas se encuentran:
- Residir en su domicilio en el Distrito Nacional.
- Presentarse mensualmente ante el juez de Ejecución de la Pena para fines de fiscalización y vigilancia.
- Abstenerse de realizar cualquier tipo de publicación, ya sea en redes sociales o medios escritos, en la que haga referencia a Faride Raful durante el período de un año.
Posibles consecuencias
La decisión establece que, en caso de incumplimiento de las reglas impuestas, podría ser revocada la suspensión condicional de la pena y ordenarse el cumplimiento de la prisión por el tiempo establecido.
Procedimiento abreviado
El tribunal informó que el procedimiento penal abreviado fue celebrado conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, que permiten este tipo de acuerdos entre las partes.
Contexto del caso
El proceso se originó por declaraciones realizadas por Martínez en su plataforma digital, en las que la ministra fue señalada de manera que, según la acusación, afectaban su honor y reputación. Raful presentó la querella por difamación, dando inicio a un proceso que culminó con el acuerdo homologado por la jueza Almonte.
Reacciones
El caso ha generado atención en el ámbito político y mediático, al tratarse de una funcionaria en ejercicio y de un comunicador con presencia en redes sociales. La decisión busca cerrar el proceso con una sanción económica y reglas de conducta, evitando la ejecución de la pena de prisión.