SANTO DOMINGO – El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reprogramó para el próximo 19 de junio la lectura de la decisión que determinará si el exsenador Rafael Calderón será enviado a juicio de fondo por su presunta implicación en el caso de corrupción administrativa denominado “Operación Calamar”.

La magistrada Altagracia Ramírez, quien preside el tribunal, fijó la audiencia para las 10:00 de la mañana. La notificación fue remitida formalmente a la defensa del exlegislador, encabezada por el abogado Wilson Beriguete, a la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y a los representantes del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).

El proceso contra Calderón, quien representó a la provincia de Azua, se ventila de manera separada tras una decisión judicial previa que dividió su expediente del grupo principal de imputados por motivos de salud.

Posturas encontradas en la audiencia

Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público, apoyado por los abogados del Estado, solicitó formalmente el auto de apertura a juicio, argumentando que han recolectado pruebas suficientes y vinculantes para sostener la acusación.

Por el contrario, la defensa técnica de Calderón solicitó un auto de no ha lugar, sosteniendo que su defendido no incurrió en las acciones delictivas que le atribuye el órgano persecutor.

La acusación: Un presunto “holding criminal”

Según la tesis del Ministerio Público, Calderón formó parte de un entramado delictivo que operó durante la gestión del expresidente Danilo Medina, dedicado a la expropiación irregular de terrenos y la malversación de fondos públicos.

El expediente señala que el exsenador se habría valido de su cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para agilizar pagos de deudas administrativas por expropiaciones. Según la acusación, Calderón supuestamente exigía a los dueños de los terrenos el retorno de entre el 40 % y el 70 % de los montos desembolsados por el Estado, mediante acuerdos que, según la Pepca, carecían de fundamento legal.

Lavado de activos y montos bajo la lupa

La investigación financiera del Ministerio Público vincula al excongresista con una serie de operaciones para ocultar el origen ilícito de los fondos a través de testaferros y sociedades comerciales, entre las que menciona a Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A.

De acuerdo con los cálculos del órgano acusador, el exlegislador habría percibido un total de RD$ 165,297,166.71 como resultado directo de este esquema.