El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió que en los próximos días se producirán novedades sobre el proceso judicial relacionado con el presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Camacho ofreció estas declaraciones en Santiago, cuando fue abordado por periodistas acerca del avance de las pesquisas que realiza el PEPCA respecto a un supuesto desfalco que habría operado dentro de la institución. “Pronto habrá noticias”, expresó el funcionario, sin ofrecer más detalles.
Once meses de denuncias y dos informes oficiales
El Ministerio Público recibió hace más de 11 meses el primer informe sobre presuntas irregularidades en el SENASA, depositado por el entonces director Santiago Hazim, destituido por el presidente Luis Abinader en agosto pasado.
Posteriormente, el 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, y el nuevo director ejecutivo de SENASA, Edward Guzmán, remitieron a la Procuraduría General de la República (PGR) un segundo informe que, según afirmaron, contiene “graves hallazgos de irregularidades”.
Las declaraciones de Camacho se producen unos 70 días después de la entrega de este último documento.
Reportes periodísticos apuntan a irregularidades en autorizaciones médicas
El primer informe coincidió con la investigación periodística de Julissa Céspedes, que reveló la aprobación de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se realizaron. Para justificar estas autorizaciones, presuntamente operaba un “call center paralelo” fuera de la institución, dirigido por exempleados.
En otra investigación, Nuria Piera denunció pagos mensuales de hasta 65 millones de pesos a empresas privadas bajo la modalidad de atención primaria, además de irregularidades en medicamentos, contabilidad, autorizaciones y operaciones inexistentes.
La periodista Edith Febles también señaló que algunas empresas contratadas para la atención primaria no brindaban los servicios acordados.
Denuncias de doble contabilidad
El exdirector de SENASA, Chanel Rosa Chupany, afirmó recientemente que durante la gestión de Hazim se implementó una doble contabilidad con el objetivo de crear un “espacio financiero” que ocultara deudas ante la Sisalril.
“Si una autorización costaba 20 mil pesos, se le ponían 2 mil para enviarla a la Sisalril, pero la Sisalril tiene toda la prueba”, explicó.
Expectativa ante posibles acciones del Ministerio Público
Con las declaraciones de Camacho, aumentan las expectativas sobre posibles acciones judiciales en torno a uno de los mayores escándalos administrativos recientes en el sector salud. Por el momento, el Ministerio Público no ha revelado cuándo ni cómo procederá.