Santo Domingo.– El proceso judicial por la muerte del joven Emmanuel Contreras Medina registró dos nuevas decisiones: un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a Yohan Manuel Jiménez Medina, acusado de participar en una presunta estafa, mientras que la apelación presentada por Lenin Jhericop Núñez de León, imputado por la agresión que provocó el fallecimiento, fue aplazada para el 5 de noviembre.
Jiménez Medina deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras avanzan las investigaciones.
Una compra de celular que terminó en tragedia
Según la investigación del Ministerio Público, el caso se originó el 1 de julio de 2026, cuando Emmanuel Contreras acudió al sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, para adquirir un iPhone 15 Pro Max anunciado a través de Facebook Marketplace.
La víctima había transferido RD$15,000 como parte del pago de un teléfono ofertado por RD$35,000. Las autoridades sostienen que Jiménez Medina habría recibido el dinero mediante una maniobra fraudulenta, sin ser el propietario del dispositivo.
La confusión durante la entrega del teléfono terminó en una agresión con un bate, atribuida por el Ministerio Público a Lenin Jhericop Núñez de León.
Contreras permaneció hospitalizado durante aproximadamente dos meses hasta su fallecimiento.
Aplazan apelación para noviembre
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reprogramó para el 5 de noviembre la audiencia en la que conocerá el recurso de Núñez de León contra los tres meses de prisión preventiva que le fueron impuestos.
La decisión se produjo debido a la ausencia de los abogados del imputado durante la audiencia prevista para el 19 de octubre.
La defensa busca que la prisión preventiva sea sustituida por arresto domiciliario, mientras que los representantes legales de la familia de Emmanuel se oponen a la variación de la medida.
Defensa cuestiona pruebas de la presunta estafa
El abogado de Jiménez Medina expresó su desacuerdo con la prisión preventiva y alegó que no se presentó documentación bancaria suficiente para demostrar que su defendido era el titular de la cuenta que recibió la transferencia.
El proceso continúa en los tribunales, donde deberán determinarse las responsabilidades penales de los involucrados, respetando su presunción de inocencia.