El Ministerio Público lleva cerca de dos horas leyendo ante el juez Rigoberto Sena la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa), expediente que consta de 537 páginas. La acusación preliminar establece que la sustracción supera los 15 mil millones de pesos.
La audiencia se celebra a puerta cerrada en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. La Procuraduría solicita 18 meses de prisión preventiva para los diez imputados y que el caso sea declarado complejo.
El principal acusado es Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
El proceso es dirigido por la Dirección General de Persecución y la Pepca, encabezadas por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes confirmaron que otras personas —incluyendo médicos y centros de salud— están bajo investigación.
Los delitos imputados incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el objetivo es no solo imponer sanciones penales, sino recuperar la totalidad de los fondos sustraídos. Señaló que quienes afectaron la salud de la población, especialmente de los más vulnerables, deberán responder ante la justicia.
Según la investigación, en Senasa operó durante años una estructura criminal sofisticada, que desviaba fondos públicos, manipulaba procesos internos y recibía sobornos para otorgar o ampliar habilitaciones. La red habría funcionado mediante un “comité operativo” conformado por gerentes cercanos al entonces director Hazim Albainy.