Steffany Baez
Una coalición de fiscales demócratas demandó este viernes al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, tras su nuevo intento de recortar subvenciones federales para programas de salud mental en escuelas públicas, aprobadas previamente con votos bipartitos en el Congreso.
La demanda
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó que la acción judicial se dirigía contra el Departamento de Educación y su secretaria, Linda McMahon, con el objetivo de impedir de forma preliminar y permanente el recorte de esta financiación “crucial” y proteger la infraestructura de salud mental juvenil que se había creado gracias a esos fondos.
Contexto de los programas
Los fondos fueron aprobados en respuesta al empeoramiento de la crisis de salud mental juvenil y a una serie de tiroteos escolares, incluidos los de la secundaria Douglas Parkland (Florida), donde murieron 17 personas, y la escuela elemental de Uvalde (Texas), donde fallecieron 19 niños y dos maestros.
En 2018, tras la tragedia de Parkland, el Congreso estableció el Programa de Subvenciones para la Demostración de Servicios Profesionales de Salud Mental (MHSP) para abordar la escasez de profesionales en escuelas públicas con alta necesidad.
En 2020, se amplió con el Programa de Subvenciones para Servicios de Salud Mental en las Escuelas (SBMH), que financió la contratación, capacitación y retención de personal especializado.
Tras el tiroteo de 2022 en Uvalde, la financiación aumentó drásticamente, con más de 100 millones de dólares anuales para cada programa hasta 2026, con la meta de incorporar 14,000 profesionales de salud mental, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos.
Éxitos iniciales
James destacó que los programas habían demostrado un “éxito tangible”: en el primer año, casi 775,000 estudiantes recibieron servicios, se contrataron más de 1,200 profesionales de salud mental y se mantuvo al 95 % de ellos en sus puestos.
Intentos de recorte
El pasado diciembre, la coalición de fiscales logró frenar en tribunales un intento previo del Gobierno Trump de recortar estos fondos. Sin embargo, ahora el Departamento de Educación utiliza un método diferente: tras proporcionar financiación por seis meses, anunció que planea cancelar algunas o todas las subvenciones protegidas a partir del 31 de julio.
Según los fiscales, el Gobierno estaría violando la Ley de Procedimiento Administrativo, las regulaciones federales sobre subvenciones y la autoridad del Congreso.
Impacto en Nueva York
La fiscal James advirtió que los recortes amenazan con eliminar 19 millones de dólares en subvenciones para Nueva York, lo que pondría en riesgo la continuidad de servicios esenciales para estudiantes vulnerables.
Próximos pasos
La coalición busca que la justicia emita medidas cautelares para impedir la cancelación de los fondos y garantizar que los programas continúen operando. El caso podría convertirse en un nuevo enfrentamiento judicial entre estados demócratas y la administración republicana en torno a la protección de la salud mental juvenil.
Dary Terrero
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