Steffany Baez
Un tribunal federal en Texas condenó este miércoles a siete personas por su participación en el tiroteo registrado el 4 de julio de 2025 frente al Centro de Detención de Prairieland, un ataque en el que un agente de policía resultó herido y que ha derivado en severas sentencias contra varios manifestantes, informó la agencia AP.
Seis de los acusados se habían declarado culpables de brindar apoyo material a terroristas, mientras que una séptima fue hallada culpable en juicio. Las penas impuestas oscilan entre casi dos años y 50 años de prisión.
Condenas más severas
La acusada Inés Soto recibió una condena de 50 años de cárcel tras ser declarada culpable de proporcionar apoyo material a terroristas, instigadores de disturbios y responsables de la fabricación de explosivos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el ataque fue ejecutado por integrantes del grupo militante de izquierda Antifa, una versión rechazada por los abogados defensores, quienes alegan que se trató de una protesta nocturna con fuegos artificiales en apoyo a los inmigrantes recluidos en el centro de detención.
Antecedentes del caso
Durante el proceso, uno de los acusados reconoció haber pintado con aerosol una caseta de vigilancia y varios vehículos estacionados en el recinto.
El juez federal Reed O’Connor calificó la protesta como “un ataque a la democracia” antes de dictar las sentencias. La semana pasada, el mismo magistrado y otro juez impusieron largas condenas a ocho personas declaradas culpables en juicio por cargos relacionados con terrorismo.
Entre esas condenas figura la de Benjamin Song, exreservista de la Infantería de Marina, sentenciado a 100 años de prisión tras ser hallado culpable de intento de asesinato durante el tiroteo.
Reacciones y apelaciones
Otros siete acusados recibieron penas de entre 30 y 70 años de cárcel. Algunos de ellos, incluido Song, ya han presentado recursos de apelación.
El caso ha despertado preocupación entre organizaciones y defensores de derechos civiles, quienes consideran que el procesamiento podría tener repercusiones para futuras manifestaciones y para el ejercicio de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Los abogados de los manifestantes sostienen que nunca existió un plan para emboscar a las autoridades y argumentan que quienes portaban armas lo hacían para protegerse.
Argumentos de la fiscalía
Durante el juicio, los fiscales aseguraron que el hecho de que varios participantes llevaran armas de fuego, botiquines de primeros auxilios y chalecos antibalas evidenciaba intenciones maliciosas y un plan organizado para atacar a las fuerzas de seguridad.
Dary Terrero
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