Convenio internacional refuerza lucha contra trata y lavado

La Procuraduría General de la República y la Fiscalía Nacional de Chile firmaron un acuerdo de cooperación jurídica internacional para crear un equipo conjunto de investigación contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos vinculados al crimen organizado transnacional.

Firma del convenio

El acuerdo fue suscrito por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la cooperación internacional impulsada por el Ministerio Público dominicano. Se trata del primer acuerdo de este tipo firmado por República Dominicana bajo el amparo de la Convención de Palermo de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000.

Declaraciones oficiales

Durante el acto, Reynoso destacó que la trata y el tráfico de personas constituyen una prioridad estratégica para el Ministerio Público y subrayó que estos delitos requieren una respuesta coordinada entre instituciones nacionales y organismos internacionales. La magistrada explicó que las investigaciones por trata suelen desarrollarse de forma paralela con pesquisas por lavado de activos, debido a que las organizaciones criminales buscan introducir en la economía formal los beneficios obtenidos ilícitamente.

De su lado, Valencia afirmó que el acuerdo permitirá conformar equipos integrados por fiscales y cuerpos policiales de ambas naciones para fortalecer la persecución del crimen organizado transnacional. Señaló que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes representan un fenómeno que afecta tanto a Chile como a República Dominicana, por lo que consideró indispensable intercambiar experiencias y coordinar estrategias para combatir estas redes criminales.

Alcance del acuerdo

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y contempla la coordinación de investigaciones sobre tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, delitos económicos y corrupción. Incluye además el intercambio de información, la obtención de pruebas y la protección de las víctimas.

Participación institucional

La firma contó también con la participación de la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y del fiscal regional metropolitano Centro Norte de Chile, Francisco Jacir Manterola, además de autoridades diplomáticas y representantes de organismos de seguridad de ambos países.