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Corte rechaza recusación y fija para el 5 de mayo coerción contra fiscal acusado de soborno

 

Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la PEPCA, es señalado por recibir US$10,000 de un testigo del caso SeNaSa. El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva.

SANTO DOMINGO. – La jueza de Instrucción Especial, Isis Muñiz, retomará el próximo martes 5 de mayo el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por el Ministerio Público de recibir un soborno de 10,000 dólares en el marco de las investigaciones del caso SeNaSa.

La continuación de la audiencia, fijada para las 2:00 de la tarde, se produce luego de que el Pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara la recusación interpuesta por la defensa del fiscal. Los abogados Alberto Delgado y Valentín Medrano habían intentado apartar a la magistrada alegando una supuesta falta de imparcialidad, recurso que fue desestimado tras pasar por el escrutinio de la Suprema Corte de Justicia.

El esquema de la acusación

Valdez Alcántara, quien desempeñaba funciones en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), es acusado de aprovechar su posición para obtener beneficios económicos de un testigo clave vinculado al desfalco en el Seguro Nacional de Salud.

Debido a la gravedad de los hechos y la investidura del procesado, el órgano persecutor ha solicitado formalmente un año de prisión preventiva. El Ministerio Público sostiene que, dada su condición de fiscal y su conocimiento del sistema, existe un “alto riesgo” de que el imputado pueda influir en los testigos u obstaculizar el curso de la investigación si permanece en libertad.

Estatus actual

El imputado se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de la decisión de la jueza Muñiz, quien también preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación. La resolución de este caso es vista con atención por la opinión pública, al tratarse de un miembro del propio organismo encargado de perseguir la corrupción administrativa.

 

Dary Terrero

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