El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este viernes que el presidente Donald Trump siga adelante temporalmente con las obras para levantar un Salón de Baile en la Casa Blanca, suspendiendo el fallo de un tribunal inferior que obligaba a paralizarlas a partir de la medianoche.
La decisión no entra a valorar la legalidad del proyecto, que según otros dos tribunales Trump estaría impulsando sin autorización del Congreso. El presidente del Supremo, John Roberts, emitió una orden administrativa que suspende temporalmente lo decidido por instancias menores para dar tiempo al alto tribunal a examinar el recurso de apelación de emergencia presentado por la Administración.
Reacciones de Trump
El mandatario celebró la decisión en su red social Truth Social, agradeciendo al Supremo y defendiendo la construcción del complejo, al que se refirió como parte de un “militar/salón de baile” que, según afirmó, es “vital para la seguridad nacional”.
Trump aseguró que el proyecto será “el más grande de su tipo” y sostuvo que la construcción de un salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca es una iniciativa que los presidentes han querido durante los últimos 150 años y que las Fuerzas Armadas han buscado durante el último siglo.
La apelación de emergencia fue presentada después de que el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ordenara detener las obras hasta que la Casa Blanca obtuviera el permiso del Capitolio.
Implicaciones legales
La corte de apelación había escrito en su fallo que “la decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo”, subrayando que “cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”.
No está claro cuánto durará la suspensión administrativa ordenada por Roberts, aunque por lo general estas medidas se mantienen vigentes durante unos días para dar tiempo al tribunal a examinar a fondo el recurso.
El proyecto, impulsado por Trump para ampliar las instalaciones destinadas a actos y recepciones oficiales, ha generado un litigio sobre los límites de la autoridad presidencial para modificar el complejo presidencial sin autorización del Congreso.