Decenas de menores migrantes que ingresaron de forma irregular a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio comenzaron a presentarse en la Jefatura Superior de Policía para ser identificados, un paso necesario para ser acogidos por el sistema de protección de la ciudad autónoma.
Durante varios días, muchos de estos niños y adolescentes permanecieron ocultos en distintos puntos de Ceuta por temor a ser devueltos a Marruecos. Sin embargo, tras recibir información sobre el procedimiento legal, decidieron acudir a las autoridades para regularizar su situación y acceder a los centros de acogida.
La legislación española contempla la posibilidad de repatriar a menores extranjeros no acompañados, pero exige un análisis individual de cada caso y el cumplimiento de estrictas garantías que prioricen el interés superior del niño, por lo que este tipo de devoluciones son poco frecuentes.
En los últimos dos días, decenas de menores han acudido a las dependencias policiales para completar el proceso de identificación y quedar bajo la tutela de las autoridades españolas.
Organizaciones alertan sobre la vulnerabilidad de los menores
Diversas organizaciones humanitarias, entre ellas Unicef y Save the Children, han expresado su preocupación por la situación de los menores que permanecen fuera del sistema de protección.
Según Unicef, algunos presentan lesiones y otros continúan escondidos en playas, patios y viviendas abandonadas por miedo a ser repatriados o sufrir agresiones. Por su parte, Save the Children advirtió que las niñas migrantes enfrentan un mayor riesgo de explotación, trata y violencia sexual cuando permanecen sin protección institucional.
Ceuta enfrenta una capacidad desbordada
La llegada masiva de migrantes ha puesto al límite los recursos de Ceuta. De acuerdo con datos ofrecidos por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la Policía española ha registrado ya 1,342 menores en la ciudad.
La cifra supera ampliamente la capacidad de acogida disponible, una situación que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado en reiteradas ocasiones al pedir el apoyo del resto de las comunidades autónomas para redistribuir a los menores y aliviar la presión sobre los servicios de protección.
Antes de la llegada masiva registrada a finales de julio, los centros de acogida atendían a 213 menores, lo que refleja la magnitud de una crisis migratoria que mantiene en alerta a las autoridades españolas y a las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.