Dary Terrero
Los abogados Carlos Mesa y Rafael Percival Peña denunciaron este viernes que su cliente, Ángel Martínez, presenta un estado de salud delicado tras iniciar una huelga de hambre y que, pese a contar con autorización judicial, las autoridades no han permitido su traslado a un centro médico.
Martínez fue apresado el pasado miércoles luego de concluir la audiencia de solicitud de medida de coerción en su contra, en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
El comunicador es acusado de difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Alegan violación a decisión judicial
Los abogados afirmaron que existe una orden emitida por la jueza a cargo del caso que autoriza el traslado del detenido a un centro asistencial, pero hasta la tarde de este viernes no había sido ejecutada.
“Ni siquiera nos han permitido verlo hoy. No sabemos en qué condiciones se encuentra. Está en huelga de hambre y la situación es grave”, manifestó Percival Peña.
La defensa advirtió que cualquier consecuencia sobre la salud de Martínez recaería sobre las autoridades penitenciarias y el Ministerio Público, por negarse a cumplir con lo dispuesto por el tribunal.
Arrestado por “delito de audiencia”
Ángel Martínez fue arrestado el miércoles dentro de la sala de audiencia, luego de que supuestamente le faltara el respeto al juez Raymundo Mejía durante el conocimiento de la medida de coerción por el caso de difamación.
Según lo declarado por sus abogados, la detención no fue resultado de una orden previa, sino de una reacción inmediata por lo que calificaron como un “supuesto desacato”, lo que ellos consideran una arbitrariedad.
“Esto ha sido una retaliación. No hay razones válidas para mantenerlo en esas condiciones”, indicó el abogado Mesa.
El caso: acusación por difamación e injuria
Martínez enfrenta un proceso judicial por la supuesta comisión de delitos contra el honor en perjuicio de la ministra Faride Raful, a raíz de declaraciones públicas que habría emitido.
Se le acusa de propagar afirmaciones falsas y ofensivas, lo que motivó la querella de parte de la funcionaria.
En el transcurso del proceso, el comunicador ha defendido sus palabras como parte del ejercicio de su libertad de expresión, mientras que el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción por considerar que sus declaraciones constituyen un delito penal tipificado.
La defensa ha reiterado que se trata de una persecución política y mediática, y que el debido proceso ha sido vulnerado desde su arresto en la sala del tribunal.
Dary Terrero
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