La coordinadora nacional de la Comisión de Cárceles y coordinadora de la Defensa Pública de La Vega, Elizabeth Rodríguez, exigió el cierre total o la readecuación inmediata del Instituto Preparatorio de Menores Doctor Máximo Antonio Álvarez, al denunciar las precarias condiciones en las que viven los niños y adolescentes privados de libertad en ese centro.
Rodríguez afirmó que el recinto, rebautizado como “centro especializado”, solo cambió de nombre, pero mantiene una infraestructura deteriorada que no cumple con los estándares establecidos por la ley. “Hay que demolerlo. Eso no está apto para reeducar y rehabilitar a ningún adolescente”, aseguró.
La funcionaria calificó la situación en La Vega —y en otros centros del país— como “penosa”, recordando que estos espacios deben contribuir a la rehabilitación de los menores en conflicto con la ley. Explicó que la mayoría proviene de familias disfuncionales y con pocas oportunidades, por lo que la educación debe ser la base de su proceso de reinserción.
Sin embargo, señaló que el centro no cuenta siquiera con un distrito escolar acreditado por el Ministerio de Educación, y que los adolescentes reciben docencia únicamente a través de Radio Santa María. Añadió que el INFOTEP llegó al recinto apenas hace unos meses, con solo dos cursos disponibles.
Rodríguez denunció además que, tras cancelarse los traslados a escuelas cercanas por razones de seguridad, los adolescentes ahora carecen completamente de educación formal presencial. “Ellos están cansados de charlas. Lo que necesitan es estudiar y prepararse”, expresó al hacer un llamado de humanidad.
Alimentación en mal estado y fallas graves de seguridad
Otra de las preocupaciones expuestas por Rodríguez es la alimentación. Aseguró que los Comedores Económicos están enviando alimentos crudos y en mal estado, mencionando que el arroz ha llegado incluso con gusanos. Sostuvo que esta situación se repite en otros centros penitenciarios del país.
“La alimentación es insuficiente, de mala calidad y sin condiciones adecuadas de conservación”, citó Rodríguez, apoyándose en el Informe de Condiciones de Detención y Prisión 2023 de la Defensoría Pública, que detalla la falta de cuarto frío, deterioro de la cocina, humedad, moscas y poca higiene.
La defensora también expresó inquietud por la seguridad del centro, que solo cuenta con personal de la Policía Nacional, lo cual ha facilitado fugas y episodios de violencia entre los internos. Señaló además reportes de torturas en el centro Ciudad del Niño, lo que aumenta la preocupación sobre la protección de los menores.
Infraestructura deteriorada y personal médico limitado
El informe de 2023 confirma el deterioro estructural del centro: grietas, humedad, filtraciones, camas de concreto con delgados colchones y más de 20 por pabellón, donde los adolescentes duermen hacinados.
En cuanto a la salud, el centro dispone de un solo médico y tres enfermeras. Aunque hacen esfuerzos por atender a los jóvenes, la falta de medicamentos y materiales —debido a escasez del suplidor, la Procuraduría— obliga a solicitar donaciones para cubrir necesidades básicas.
Rodríguez insistió en que el Estado está obligado, bajo las Reglas Mandela, a garantizar las condiciones mínimas de detención. Aseguró que, pese a las denuncias, las condiciones del centro permanecen iguales a las documentadas en el informe.
Finalmente, reiteró su llamado al cierre inmediato del centro y a la intervención urgente del Estado. “Los jóvenes de La Vega han pedido estudiar y vivir en condiciones dignas. Es un clamor que no podemos ignorar”, concluyó.