El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la cancelación de visas a jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusados de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.
Alcance de las sanciones
La medida afecta a magistrados de cortes supremas, fiscales, policías y empresarios, así como a sus familiares directos, quienes quedan impedidos de ingresar a territorio estadounidense. Según el comunicado, la decisión forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada en marzo por el presidente Donald Trump.
“Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, señala el texto oficial, que advierte que socavar a gobiernos democráticamente elegidos constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en la región.
Nombres señalados
- Bolivia: Entre los sancionados figuran el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, el juez Rodrigo Vedia, los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, la juez Rosario Flores, el fiscal Álvaro Nava, el coronel Frans Cabrera y el empresario José Luis Iriarte. Además, se designa públicamente al Fiscal General Roger Mariaca por “significativa corrupción”.
- Colombia: El empresario Euclides Torres y la senadora Martha Isabel Peralta (Pacto Histórico).
- Perú: El juez Juan Carlos Núñez, del primer circuito constitucional de Lima.
- Ecuador: Cuatro ciudadanos no identificados en el comunicado.
Contexto regional
Los cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de naciones. La semana pasada, líderes de la alianza se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición de aplicar “medidas colectivas”, iniciando con sanciones contra 24 grupos criminales.
En Bolivia, la medida se produce en medio de protestas y un estado de excepción decretado en junio. En Colombia, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella se presenta como aliado de Trump. Ecuador enfrenta una guerra contra el crimen organizado con apoyo militar estadounidense, mientras que Perú acaba de elegir a una presidenta conservadora tras una campaña reñida.