Redacción Al Minuto
SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe técnico que documenta la existencia de una presunta estructura organizada de proveedores dedicada a manipular procesos de compras del Estado mediante prácticas fraudulentas.
El informe detalla que esta red recurrió a intimidación, extorsión y presuntos vínculos con funcionarios públicos, acciones que afectaron directamente la libre competencia y la igualdad de participación de oferentes.
De acuerdo con el análisis realizado sobre los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes, las empresas implicadas habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a proveedores legítimos.
Entre las compañías mencionadas figuran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL y Tingley Business SRL, junto a otras relacionadas, presentando patrones repetidos de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos.
El documento también recoge denuncias de oferentes afectados, quienes aseguraron haber recibido amenazas y presiones para retirar sus propuestas, lo que, según la DGCP, evidencia un mecanismo de intimidación que distorsiona la transparencia de los procesos.
La entidad afirmó que estas prácticas violan los principios establecidos en la Ley 340-06, y podrían constituir actos colusorios y otras infracciones penales. El informe será remitido también a ProCompetencia para ampliar la investigación sobre manipulación del mercado público.
“Estas prácticas atentan contra el patrimonio público”
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, aseguró que este caso demuestra la efectividad del control preventivo y el análisis técnico de datos para detectar fraudes en el sistema.
“Estas prácticas atentan contra la libre competencia, la igualdad de oportunidades y el patrimonio público”, afirmó.
Por su parte, Leónidas Peña, coordinador de la Unidad Antifraude, explicó que se identificaron patrones de colusión, intercambio de roles entre oferentes y posible uso de información privilegiada.
La DGCP indicó que la detección fue posible gracias al monitoreo constante, las alertas de riesgo y el uso de herramientas analíticas en el SECP, lo que permitió revelar vínculos entre empresas y movimientos irregulares en las adjudicaciones.
Dary Terrero
Dary Terrero
Agregar comentario