La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este jueves la entrada en vigencia del Reglamento núm. DGCP-SNCP-05-2026 de Peritos en Contratación Pública, que establece el marco regulatorio para la selección, acreditación y responsabilidad de los profesionales encargados de la evaluación técnica de ofertas en los procesos de compras del Estado.
La normativa da cumplimiento a la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, con el objetivo de garantizar la objetividad, el principio de valor por dinero, la seguridad jurídica y la prevención de conflictos de interés en la administración pública.
Aspectos clave del reglamento
- Creación del Banco de Peritos del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, administrado por la DGCP, que funcionará como registro oficial de profesionales calificados en áreas técnicas, financieras y legales.
- Establecimiento de un régimen de incompatibilidades y recusación, que impide a un perito participar si tiene vínculos laborales, societarios o familiares con oferentes.
- Inclusión de un estricto régimen antisoborno y de confidencialidad, sancionando faltas conforme a la Ley 41-08 de Función Pública y responsabilidades civiles o penales.
- Implementación de un formato uniforme de informes periciales y un sistema de evaluación periódica de desempeño para medir calidad técnica y cumplimiento de plazos.
- Posibilidad de otorgar reconocimientos o compensaciones a servidores que ejerzan funciones periciales adicionales, sujetos a disponibilidad presupuestaria.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que este instrumento marca un hito en la profesionalización del personal técnico evaluador, consolidando la independencia de los informes y asegurando el principio de valor por dinero en cada contratación pública.
Las instituciones del Estado tendrán un plazo de tres meses para adecuar sus registros internos y procedimientos, mientras que la DGCP emitirá metodologías e instructivos complementarios en un plazo de 90 días hábiles.
Este anuncio conecta con la implementación de la Ley 47-25, la creación del Banco de Peritos y el fortalecimiento de la transparencia en compras públicas.