La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de 81 funcionarios electos y designados, entre ellos 11 senadores, en aplicación de las nuevas restricciones establecidas por la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas.
La institución explicó que las suspensiones responden a la entrada en vigor del nuevo marco legal, que establece un régimen de inhabilidades para funcionarios públicos que mantengan vínculos societarios o de dirección con empresas proveedoras del Estado.
La DGCP aclaró que la medida no constituye una sanción, sino una disposición preventiva y administrativa para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
Nueva ley elimina excepción accionaria
El órgano rector señaló que la Ley 47-25 eliminó la excepción contemplada en la antigua Ley 340-06, que permitía a funcionarios de primer y segundo nivel mantener hasta un 10 % de participación accionaria en empresas contratistas del Estado.
Con la nueva normativa, el artículo 38 prohíbe cualquier participación societaria en esas empresas, independientemente del porcentaje, además de impedir que los funcionarios ejerzan cargos de dirección, gerencia o formen parte de sus consejos de administración.
La DGCP recordó que el pasado 13 de febrero emitió una circular mediante la cual otorgó 15 días hábiles para que los funcionarios alcanzados por las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros.
Una vez vencido ese plazo, la institución procedió con las suspensiones de oficio, conforme al artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.
Suspensiones surgen de verificaciones
La entidad indicó que las medidas forman parte de los procesos rutinarios de verificación, cruces de datos y debida diligencia realizados para garantizar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 47-25, la DGCP ha emitido tres actos administrativos mediante los cuales ordenó la suspensión de oficio de 81 registros pertenecientes a funcionarios electos y designados.
Como antecedente, entre 2020 y 2025 fueron suspendidos de oficio 591 registros correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales electas para el período 2024-2028 y sociedades comerciales vinculadas a estos, bajo las disposiciones de la entonces vigente Ley 340-06.