La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, el proyecto de ley orgánica que instituye el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana, una reforma considerada esencial para modernizar la administración de justicia en el país.
La pieza legislativa recibió 111 votos a favor y 3 en contra, según informó el órgano legislativo en una nota de prensa. Debido a las modificaciones introducidas por los diputados, el proyecto deberá regresar al Senado de la República, donde ya había sido aprobado previamente.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó el proceso como una labor de gran esfuerzo:
“Hoy hemos culminado con una tarea titánica. Nosotros esperamos que estemos dando al país la mejor legislación posible en esta materia. Hoy hemos logrado mejoras significativas al proyecto que aprobamos anoche en primera discusión”, expresó.
Previo a la votación, los legisladores escucharon observaciones de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones del sector justicia, con el fin de optimizar el contenido del proyecto.
Enfoque del nuevo texto
La normativa aprobada establece que los tribunales deberán aplicar la ley garantizando el respeto a la Constitución, los tratados internacionales y las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales competentes, otorgándoles efecto directo e inmediato en los casos sometidos a su conocimiento.
El nuevo Código también procura fortalecer la persecución penal, sin vulnerar las garantías individuales, mediante reglas claras para los órganos de investigación, el Ministerio Público, la defensa técnica y el Poder Judicial, siempre conforme al principio de separación de funciones procesales.
Uno de los considerandos del proyecto destaca la necesidad de esta reforma, tras la reciente modificación del Código Penal, que redefinió tipos penales y sanciones:
“La reforma penal sustantiva ha generado la necesidad de adecuar el Código Procesal Penal en su conjunto, armonizar los procedimientos y fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público y de los tribunales.”
Con la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto reinicia su curso legislativo en el Senado, que deberá decidir si ratifica las modificaciones o convoca una comisión de conciliación.