Dary Terrero
La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, una propuesta que endurece significativamente las sanciones para funcionarios y servidores públicos que incurran en irregularidades al negociar con el Estado dominicano.
La normativa establece, entre otras medidas, penas de prisión para aquellos funcionarios que gestionen, participen o se beneficien directamente de contratos con instituciones públicas, violando las disposiciones de transparencia, ética y conflicto de interés.
Mayor control en los procesos de compras
Con esta nueva legislación, se busca fortalecer el sistema de compras y contrataciones, cerrando brechas legales que por años han sido aprovechadas para prácticas corruptas. El proyecto contempla la inhabilitación de por vida para ejercer funciones públicas en caso de reincidencia.
Además, introduce mecanismos más estrictos de vigilancia, auditoría y control para todos los procesos vinculados a licitaciones, concursos públicos, compras directas y adjudicaciones de contratos.
La propuesta también incluye medidas que obligan a los funcionarios a declarar conflicto de intereses, abstenerse de intervenir en decisiones vinculadas a allegados y someterse a auditorías externas periódicas.
Cero tolerancia a la corrupción administrativa
El nuevo marco legal parte de una visión de “tolerancia cero” frente a la corrupción administrativa, y busca reforzar la responsabilidad penal de quienes utilicen sus cargos para favorecer empresas vinculadas, familiares o terceros con los que mantengan relaciones económicas o personales.
El proyecto establece penas de hasta 10 años de prisión para los funcionarios que resulten culpables de fraudes, tráfico de influencias o sobrevaloración de obras y servicios en perjuicio del Estado.
Asimismo, las empresas que se presten a este tipo de prácticas podrían ser multadas, inhabilitadas por años y excluidas del Registro de Proveedores del Estado.
Próximo paso: segunda lectura
El proyecto pasará ahora a una segunda lectura en la Cámara de Diputados, donde se espera sea aprobado de manera definitiva antes de ser enviado al Senado para su discusión y eventual sanción.
Diversos sectores de la sociedad civil y el empresariado han respaldado la iniciativa, considerándola un paso importante hacia la transparencia y la institucionalidad en la administración pública.
No obstante, algunos legisladores han advertido que será necesario vigilar de cerca su implementación para evitar que las nuevas herramientas legales sean utilizadas con fines políticos o represivos.
Dary Terrero
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