El Tribunal Constitucional (TC) conoció este miércoles un total de 23 acciones directas de inconstitucionalidad en una audiencia pública que destacó tanto por la cantidad como por la diversidad de los casos sometidos, abarcando temas vinculados a la inclusión, la participación política, el ámbito penal, laboral, ambiental, sanitario y tributario.
La jornada refleja el alcance de la labor del TC como garante de la supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales, a través del control de constitucionalidad de normas y disposiciones con incidencia en distintos ámbitos de la vida nacional.
Expedientes electorales y penales predominan
Entre los expedientes conocidos figuraron seis relacionados con el régimen electoral, incluyendo los casos TC-01-2026-0024, TC-01-2026-0029 y TC-01-2026-0038, interpuestos contra normas emanadas del Senado y la Cámara de Diputados, además de otros que cuestionan actos del Tribunal Superior Electoral y de la Comisión de Justicia Electoral del PLD.
En materia penal, se revisaron cinco acciones vinculadas al Código Penal y al Código Procesal Penal, entre ellas el expediente TC-01-2026-0026, presentado por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo, contra el artículo 173 del Código Penal, en un caso relacionado con el acceso a una justicia constitucional inclusiva. También se conocieron los expedientes TC-01-2026-0044, promovido por Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, y TC-01-2026-0042, presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD).
Otros temas de interés nacional
La audiencia incluyó expedientes sobre la gestión integral de residuos sólidos, como los casos TC-01-2026-0001 y TC-01-2026-0002, interpuestos por asociaciones empresariales y gremiales. También se abordaron acciones vinculadas al medioambiente, como el expediente TC-01-2025-0056, presentado por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en Cabarete y Sosúa.
El pleno conoció además recursos relacionados con el lavado de activos y la extinción de dominio, la legislación sobre drogas, la salud pública, el registro inmobiliario, la facturación electrónica y el Código de Trabajo.
La audiencia se desarrolló con condiciones de accesibilidad, incluyendo interpretación en lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva, lo que permitió un seguimiento efectivo de las intervenciones.