El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña, señalados de estafar a 113 personas por más de US$2 millones mediante falsas promesas de inversión.
La decisión fue adoptada por la jueza Ana Lee Florimón, tras acoger los elementos presentados por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Margaret Cabrera Morillo.
Detalles del caso y modus operandi
El Ministerio Público precisó que los acusados operaban a través de la sociedad comercial HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L., y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop).
Utilizando estas estructuras, captaron recursos de las víctimas mediante promesas falsas de rentabilidad, logrando un monto total de US$2,493,933 y RD$7,250,500.
Se estableció que Báez de la Rosa y Vicioso Ureña se asociaron con otros imputados, Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, quienes ya fueron enviados a juicio, para cometer abuso de confianza y lavado de activos.
La investigación demostró que los imputados coaccionaban a las víctimas a abrir cuentas en Digicoop y depositar fondos provenientes de los supuestos beneficios de HDLS Digital Kingdom Investment Group.
Acusaciones formales
El Ministerio Público sometió a los imputados por violación de los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 57 y 58 de la Ley No. 127-64 sobre Cooperativismo, y los artículos 3, numeral 3, y 9, numeral 2, de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las fiscales enfatizaron que la red delictiva operaba de manera organizada, utilizando estructuras corporativas y cooperativas para engañar a los inversionistas y generar ganancias ilícitas, afectando directamente a más de un centenar de ciudadanos.
Próximos pasos judiciales
Con esta decisión, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña enfrentarán el juicio correspondiente, mientras se continúa el proceso contra los demás miembros vinculados a la red de estafa.
El caso refuerza la acción del Ministerio Público en la persecución de delitos financieros y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a fraudes de gran escala.