La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este domingo, a partir de las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra Lenin Jhericop Núñez de León, imputado por la muerte del joven Emmanuel Contreras Medina, tras un incidente ocurrido en un play del sector Los Praditos.
De acuerdo con un comunicado, el órgano persecutor solicitó que Núñez de León cumpla prisión preventiva, al considerar que existen elementos que lo vinculan con el hecho y que no cuenta con suficiente arraigo para descartar el peligro de fuga.
Según la acusación, el hecho se produjo la mañana del 1 de julio de 2026, en el estadio de béisbol La Javilla, cuando Núñez de León se reunió con Contreras Medina por la entrega de un teléfono celular publicado para la venta en Facebook Marketplace. El expediente establece que Núñez de León había ofertado un iPhone 15 Pro Max de 256 GB por RD$35,000, operación que posteriormente habría sido utilizada por Joan Manuel Jiménez Medina para contactar a la víctima y ofrecerle el mismo dispositivo por RD$15,000.
El Ministerio Público sostiene que, tras recibir el celular, Contreras Medina intentó retirarse, pero Núñez de León lo persiguió con un bate mientras lo acusaba de ladrón. Al alcanzarlo, lo golpeó en la espalda y luego en la cabeza, provocando que cayera al pavimento. El imputado habría aprovechado ese momento para extraerle el teléfono del bolsillo, hecho presenciado por testigos y captado por cámaras de seguridad.
La víctima fue trasladada al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde permaneció en estado de coma hasta su fallecimiento el 9 de septiembre.
Uno de los argumentos del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva es que Núñez de León salió del país tras el hecho, lo que motivó trámites de captura internacional y su posterior arresto el 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
El caso ha sido calificado provisionalmente como homicidio voluntario, en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
Las investigaciones incluyeron testimonios de entrenadores y familiares, además de certificados médicos, actas de levantamiento, conversaciones de WhatsApp y videos de cámaras de seguridad y corporales de agentes del 9-1-1.