Dary Terrero
El testimonio fue presentado en el programa N Investiga y detalla operaciones desde 2022
Un ex empleado de la Dirección General de Migración denunció la existencia de una presunta red de tráfico de migrantes que operaría en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), con la participación de funcionarios públicos y empresarios vinculados al sector aeroportuario y turístico.
El testimonio fue presentado este sábado en el programa N Investiga, conducido por la periodista Nuria Piera.
El denunciante, cuya identidad fue resguardada por motivos de seguridad, afirmó que la operación ha estado activa desde al menos el año 2022, y que involucra el movimiento de grandes sumas de dinero.
Participación estructurada y corrupción interna
Según el denunciante, el entramado funciona con la colaboración de personal de distintas áreas de Migración, incluyendo supervisores de turnos y oficiales asignados al área de abordaje, quienes facilitarían el paso irregular de personas con documentación alterada o sin cumplir los requisitos migratorios establecidos.
El ex empleado sostuvo que estas operaciones irregulares no solo se limitan al tráfico de migrantes dominicanos hacia destinos internacionales, sino también al ingreso irregular de extranjeros al país, en su mayoría desde Sudamérica y África.
Indicó que, en algunos casos, se simulan procesos de deportación o se hacen “montajes” para legitimar movimientos de personas que en realidad forman parte de la red, todo a cambio de pagos que superan los miles de dólares por cada operación.
Empresarios como facilitadores
El denunciante señaló que algunos empresarios vinculados al turismo y al transporte también estarían implicados, fungiendo como enlaces logísticos para garantizar el tránsito y el hospedaje temporal de los migrantes.
Afirmó que estos facilitadores disponen de contactos directos dentro del sistema aeroportuario y en organismos de control del Estado.
Aunque no ofreció nombres específicos por razones de seguridad, el ex empleado expresó estar dispuesto a colaborar con las autoridades competentes si se le garantiza protección formal, pues ha sido objeto de amenazas desde que manifestó su intención de denunciar.
Pide intervención de organismos internacionales
Durante su declaración, el exempleado instó a que organismos internacionales como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y la ONU vigilen más de cerca las prácticas que se desarrollan en el AILA y otros puntos fronterizos del país.
Según dijo, la presunta red pone en riesgo no solo la soberanía nacional, sino también la seguridad de cientos de personas vulnerables expuestas a ser víctimas de trata o explotación.
El programa reveló además que ya existen registros internos de irregularidades migratorias desde 2022, aunque muchos de estos casos han sido archivados sin mayor investigación o seguimiento judicial.
Hasta el momento, la Dirección General de Migración no ha emitido una respuesta oficial respecto a estas denuncias.
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