Dary Terrero
Un grupo de más de mil ciudadanos, entre ellos varios miembros de la familia del presidente Luis Abinader, ha pedido al mandatario no promulgar el nuevo Código Penal aprobado recientemente en el Congreso Nacional.
A través de una carta pública, los firmantes argumentan que la pieza legislativa representa un grave retroceso para los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las mujeres y sectores vulnerables.
Rechazo a la exclusión de causales
Una de las principales objeciones planteadas en la carta es la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo.
La nueva versión del Código Penal fue aprobada sin contemplar excepciones en casos de violación, incesto, peligro para la vida de la madre o malformaciones incompatibles con la vida.
Los firmantes advierten que, de promulgarse, esta ley colocaría al país entre los más restrictivos del continente en materia de derechos sexuales y reproductivos.
También critican artículos que podrían criminalizar el ejercicio de derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Postura inusual en la política
La presencia de miembros de la familia presidencial entre los firmantes ha generado sorpresa.
Aunque el presidente Abinader ha manifestado públicamente su inclinación por un Código Penal que incluya las tres causales, esta es la primera vez que allegados directos suyos se desmarcan abiertamente del curso legislativo seguido por el Congreso.
Figuran como firmantes profesionales del derecho, académicos, artistas, líderes comunitarios y religiosos, quienes consideran que el proyecto legislativo atenta contra los avances democráticos logrados en las últimas décadas.
Llamado al veto presidencial
La solicitud formal enviada al Ejecutivo busca que el mandatario ejerza su facultad de observación, impidiendo que el nuevo Código Penal entre en vigencia tal como fue aprobado.
Esta herramienta le permitiría devolver el proyecto al Congreso con objeciones específicas.
Quienes respaldan esta petición insisten en que no se trata de una confrontación con el Congreso, sino de una defensa coherente con los principios constitucionales y con compromisos internacionales que la República Dominicana ha ratificado en materia de derechos humanos.
Debate aún no concluido
Aunque la aprobación en ambas cámaras representa un paso crucial, la última palabra recae en el presidente.
Diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han mantenido la presión pública para evitar la promulgación del texto sin modificaciones.
Mientras tanto, continúan las manifestaciones frente al Congreso y en redes sociales, donde miles de personas se han unido al llamado de veto.
El debate en torno al Código Penal se ha convertido en un tema central del panorama político y jurídico del país, con profundas implicaciones para la institucionalidad democrática.
Dary Terrero
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