Dary Terrero
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este jueves que asistirá personalmente a cada audiencia relacionada con la querella por difamación e injuria que interpuso contra el comunicador Ángel Martínez, a quien acusa de afectar su honra mediante declaraciones públicas sin sustento.
Raful subrayó que no delegará su presencia, al considerar que la defensa de la dignidad humana es una responsabilidad que no puede cederse a terceros.
“No delego la defensa de mi nombre”
“Voy a estar presente en cada una de las audiencias, sin delegación que no sea simplemente la de mi abogado, porque creo que la defensa, la dignidad humana de las personas no se pueden delegar”, manifestó la funcionaria al salir de la primera audiencia celebrada en el marco de este proceso judicial.
La audiencia correspondió a la solicitud de medida de coerción que presentó el Ministerio Público contra Martínez, acusado de emitir expresiones que, según la querella, lesionan la imagen personal y profesional de Raful.
Ángel Martínez denuncia “persecución judicial”
Por su parte, Ángel Martínez se quejó ante los medios de lo que calificó como una “persecución judicial”, alegando que se le pretende juzgar de forma simultánea en varias jurisdicciones, lo que —según él— vulnera su derecho a una defensa adecuada.
“Quieren que esté en tres lugares al mismo tiempo. Esto no es justicia, esto es acoso judicial”, expresó el comunicador tras concluir la audiencia.
Martínez ha sido objeto de varias acciones legales en su contra en los últimos meses, tras realizar acusaciones públicas sobre figuras del ámbito político, incluyendo a la propia ministra de Interior.
La querella de Raful
La acción penal interpuesta por Faride Raful se centra en contenidos y expresiones que, según ella, no solo constituyen una campaña de descrédito sin pruebas, sino que también buscan socavar su integridad personal y profesional con propósitos de daño moral.
El proceso continuará en las próximas semanas, mientras el Ministerio Público evalúa las evidencias presentadas para sustentar la solicitud de medidas cautelares contra el comunicador.
Contexto legal y político
Este caso se produce en medio de un clima nacional donde la colisión entre libertad de expresión y respeto al honor personal ha sido objeto de múltiples debates.
Varios juristas han advertido sobre el uso de plataformas digitales para emitir acusaciones que pueden constituir delitos si no se sostienen con pruebas verificables.
El caso Raful-Martínez podría convertirse en una referencia judicial sobre los límites del discurso en el entorno digital y las implicaciones legales del ejercicio irresponsable de la palabra pública.
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Leydi Quezada
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