Dary Terrero
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, emitió un contundente comunicado dirigido a la opinión pública, en el que advierte sobre un preocupante clima de “conflictividad comunicacional” que, a su juicio, amenaza con socavar los fundamentos del debate público y la confianza ciudadana en los medios de comunicación.
Desde su rol como representante del Ministerio Público, Ramos expresó que en los últimos meses se ha registrado una escalada de denuncias cruzadas, querellas por difamación y alegatos de chantaje que involucran a figuras del ámbito mediático, y que el Ministerio Público no se mantendrá al margen de esta situación.
Una “industria del descrédito”
La fiscal señaló que este fenómeno ha generado lo que describió como una “incipiente industria del descrédito”, donde los intereses personales, extorsivos o políticos desplazan la búsqueda de la verdad.
Según advirtió, esta práctica desvirtúa el ejercicio legítimo del periodismo y transforma la libertad de expresión en una herramienta de manipulación.
En su comunicado, Ramos anunció que ya se han iniciado investigaciones rigurosas para detectar patrones de conducta que pudieran configurar esquemas de chantaje sistemático o el uso ilegítimo de plataformas mediáticas con fines de presión.
Comunicadores bajo investigación
Entre las personas señaladas por la fiscal figuran los comunicadores Ángel Martínez, Claudia Pérez (La Tora), Luis Alfredo Cabrera (Kapulet), José Maracallo y Fernando Peña, a quienes se les vincula a este entramado de conflictos y denuncias.
Ramos fue enfática en señalar que no se trata de un intento de censura, sino de una acción en defensa de la ética pública y de la integridad de la comunicación social.
“No por temor, sino por convicción”, aseguró la fiscal, al referirse al inicio de acciones legales contra quienes utilicen su influencia mediática para coaccionar, extorsionar o difamar a terceros.
Llamado a gremios y líderes de opinión
En su declaración, también hizo un llamado a los gremios periodísticos, líderes de opinión y a la ciudadanía en general a rechazar estas prácticas que, según afirmó, lejos de informar, “deforman la realidad” y alimentan una espiral de confrontación peligrosa para la salud democrática del país.
Ramos lamentó que figuras llamadas a ser guardianes de la objetividad y la verdad hayan caído en dinámicas de enfrentamiento y acusaciones sin sustento.
En su opinión, esto no solo perjudica la reputación de la comunicación, sino que pone en riesgo la credibilidad de todo el sistema informativo.
Libertad de prensa no es impunidad
La fiscal concluyó dejando claro que la libertad de prensa es un derecho sagrado que el Ministerio Público protegerá, pero que no será excusa para la comisión de delitos.
“Nuestro rol no es vigilar ideas, sino prevenir delitos. Pero cuando las ideas se convierten en armas, y las palabras en mecanismos de coacción, el Estado debe responder. Y así lo haremos”, sentenció.
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Dary Terrero
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