La Secretaría de Justicia de la Fuerza del Pueblo (FP) acusó este miércoles al Gobierno de crear una crisis de confianza e incertidumbre legal mediante el desacato a sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el uso de su mayoría en el Congreso Nacional para aprobar o modificar leyes en función de intereses coyunturales e, incluso, de situaciones particulares.
Durante el acto de presentación oficial de la Secretaría de Justicia del partido y del informe preliminar Estado de Derecho, Sistema de Justicia y Dignidad Humana en la República Dominicana, la organización opositora sostuvo que el país atraviesa una práctica legislativa “reactiva, improvisada y subordinada” a la agenda del Poder Ejecutivo. El titular de la secretaría, Hotoniel Bonilla García, fue el encargado de exponer las críticas.
Reformas y desacato
La FP afirmó que la mayoría oficialista en el Congreso ha permitido impulsar reformas legales que responden a decisiones previamente adoptadas por el Gobierno, lo que —aseguró— debilita la institucionalidad, genera inseguridad jurídica y afecta la confianza de los ciudadanos y de los sectores productivos.
Bonilla citó como ejemplos las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la legislación sobre fideicomisos públicos, la Ley 66-23 para la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los recientes cambios al Código Penal.
La organización denunció además que el Gobierno desacata la sentencia TC/1003-2023 del Tribunal Constitucional, al continuar cobrando la tasa de 10 dólares por tarjeta de turista pese al criterio fijado por la alta corte. También cuestionó el aumento de la tasa de salida del país y criticó la aprobación de la Ley 1-24 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), declarada parcialmente inconstitucional por el TC.
Ante este panorama, la Secretaría de Justicia de la FP anunció la creación de un mecanismo de monitoreo para vigilar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y detectar actuaciones que puedan comprometer la independencia judicial, la seguridad jurídica y el Estado de derecho.
Seguridad ciudadana y sistema penitenciario
Bonilla también manifestó preocupación por la situación de la seguridad ciudadana, al señalar que seis años después del inicio de la actual administración el país continúa sin contar con una estrategia integral para enfrentar la delincuencia y la criminalidad.
Indicó que miles de familias dominicanas viven la incertidumbre de tener familiares desaparecidos sin recibir respuestas oportunas de las autoridades, mientras persisten debilidades en los sistemas de búsqueda, investigación y estadísticas oficiales.
Asimismo, expresó inquietud por las muertes de ciudadanos durante actuaciones de agentes de la fuerza pública y sostuvo que cada caso debe ser investigado con independencia, transparencia y apego al debido proceso.
El dirigente opositor consideró además que el sistema penitenciario requiere una profunda recuperación para retomar su función de rehabilitación y reinserción social, con políticas orientadas a reducir la reincidencia delictiva y fortalecer la prevención del crimen.