Steffany Baez
La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, cuestionó la tasa de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes presentada por el Gobierno durante la más reciente reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, al considerar que dicha cifra no refleja la totalidad del fenómeno de violencia en el país.
Reynoso afirmó que, según su análisis de reportes de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, se han aplicado ajustes metodológicos en el cálculo de los indicadores de homicidios, lo que —a su juicio— ha permitido reducir progresivamente la tasa reportada con miras a la meta oficial de 4.5 por cada 100 mil habitantes.
“Lo que el Gobierno anunció no es la tasa real de homicidios del país, sino el resultado de aplicar varias reducciones a las variables estadísticas”, expresó la dirigente política.
Entre sus señalamientos, indicó que uno de los puntos más cuestionados es la exclusión de víctimas extranjeras en los cálculos oficiales, al tiempo que citó recomendaciones de organismos internacionales como la ONUDD, la OPS y la OEA, que sugieren incluir todas las muertes ocurridas en territorio nacional sin importar la nacionalidad.
Asimismo, advirtió sobre el aumento de los homicidios clasificados como “acción legal”, categoría utilizada para registrar muertes en intervenciones de agentes del Estado. Según los datos que citó, estos casos representarían un porcentaje significativo del total de homicidios en los últimos periodos.
“La acción legal no es evidencia de éxito policial; es uso de la fuerza letal del Estado y debe ser investigada de forma independiente”, señaló.
Reynoso también cuestionó la categoría de “conflictos sociales” utilizada en algunos reportes oficiales, al considerar que refleja debilidades en las políticas de prevención de la violencia.
De igual forma, alertó sobre el porcentaje de homicidios que permanecen en proceso de investigación al momento de publicarse las estadísticas, lo que, según dijo, afecta la precisión de los datos.
La dirigente política criticó además la inactividad del Observatorio de Seguridad Ciudadana, al que calificó como una herramienta clave para la verificación técnica e independiente de los datos sobre criminalidad.
Como propuesta, sugirió reactivar dicho observatorio, publicar datos cruzados con el Ministerio Público y el sistema de salud, y adoptar estándares internacionales para la medición de la violencia.
Finalmente, Reynoso afirmó que la ciudadanía tiene derecho a contar con estadísticas transparentes y verificables sobre la seguridad pública.
“La transparencia no debe ser una opción; debe ser una obligación”, concluyó.
Dary Terrero
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