Gonzalo Castillo denunció maniobras del Gobierno contra libertad de expresión

El exministro de Obras Públicas y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, criticó este fin de semana la forma en que el Gobierno manejó las modificaciones al Código Penal y pidió que la Ley 74-25 no entrara en vigencia el próximo 3 de agosto, al considerar que aún requería un proceso de discusión nacional.

Críticas al consenso

A través de una publicación en su cuenta de X, Castillo afirmó que “el Gobierno miente cuando habla de consenso” y sostuvo que la legislación mantenía sanciones penales por difamación contra quienes criticaran a funcionarios o abordaran asuntos de interés público.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo utilizó el debate generado en torno a esas disposiciones para introducir cambios de última hora al texto aprobado por el Congreso Nacional. “Esto es inaceptable. Exigimos que este código no entre en vigencia el 3 de agosto. Se necesita mínimo un año de debate nacional serio, real y transparente. Basta de maniobras contra la libertad de expresión. Consensuar significa debatir”, expresó.

Propuestas del Gobierno

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno informara que sometió al Senado un paquete de 18 modificaciones a la Ley 74-25, con el propósito de que fueran conocidas y aprobadas antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que existía el compromiso de aprobar las enmiendas antes del 3 de agosto y explicó que las propuestas fueron elaboradas tras consultas con juristas, académicos, comunicadores, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y actores del sistema de justicia.

Entre las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo figuraban cambios a los artículos relacionados con el ciberacoso, la difusión de imágenes o audios sin consentimiento, la difamación, los actos no considerados difamatorios o injuriosos y el delito de ultraje. Según la Presidencia, los ajustes buscaban fortalecer la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, procurando un equilibrio con la tutela de otros derechos fundamentales.

Protestas y reclamos

El debate sobre el Código Penal se intensificó en los últimos días debido a las críticas de distintos sectores, que expresaron preocupación por disposiciones que podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo de la prensa.

Estas objeciones dieron origen a una protesta en la Plaza de la Bandera el pasado jueves 9 de julio, encabezada por el activista Eduardo Sánchez Tolentino “El Piro”, tras la entrega de un recurso ante el Tribunal Constitucional donde reclamaron la eliminación de los artículos que consideraban una “ley mordaza” y demandaron una discusión más amplia de la legislación.

Del sector salud, la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas (Asodci) solicitó a la comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia el proyecto de ley que modifica la Ley General de Salud No. 42-01 una audiencia para presentar observaciones técnicas sobre el impacto que tendría la iniciativa en el ejercicio de la medicina y la prestación de los servicios de salud en el país.

Respuesta oficial

En respuesta a esos reclamos, el Poder Ejecutivo anunció las modificaciones remitidas al Congreso y sostuvo que las reformas buscaban ofrecer mayores garantías para el ejercicio responsable del periodismo y el tratamiento de asuntos de interés público.

Sin embargo, sectores de oposición y diversas organizaciones mantuvieron el llamado a ampliar el proceso de discusión antes de la entrada en vigencia de la normativa.