Dary Terrero
El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, presentó una denuncia formal por difamación contra el comunicador Aquiles Jiménez, tras acusaciones que circularon en redes sociales sobre supuestas contrataciones irregulares.
La querella fue interpuesta ante la Fiscalía del Distrito Nacional y está fundamentada en los artículos 262 y siguientes del Código Procesal Penal.
Citación para este 31 de julio
Como parte del proceso, el Departamento Investigativo de Propiedad Intelectual y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía citó a Aquiles Jiménez para comparecer el jueves 31 de julio de 2025, a fin de responder a los señalamientos.
La acción legal busca esclarecer la veracidad de unas publicaciones hechas por Jiménez en la red social X (antes Twitter), donde sugiere que el titular del INDOTEL habría autorizado pagos millonarios en contratos de publicidad.
Las publicaciones que originaron la denuncia
De acuerdo con el documento depositado por los abogados de Gómez Mazara, Aquiles Jiménez habría publicado contenidos titulados “Guido de Luz $4.8 millones” y “El amigo de Guido $17 millones”.
En estos, el comunicador acusa al funcionario de aprobar pagos publicitarios por valores de RD$4.8 millones y RD$17 millones, respectivamente, desde su posición al frente del Consejo Directivo de INDOTEL.
El denunciante sostiene que tales afirmaciones son falsas, carentes de prueba y motivadas con fines de desinformación pública.
Defensa del honor y la reputación
Guido Gómez Mazara considera que se ha lesionado su reputación personal y profesional, por lo que decidió llevar el caso a la justicia para que se determine la existencia de un delito de difamación.
La denuncia también solicita que se investigue si Jiménez incurrió en prácticas sistemáticas de desinformación que puedan constituir una infracción penal bajo la legislación vigente.
Desde INDOTEL no se han emitido comentarios adicionales sobre los contratos en cuestión, ni se han ofrecido detalles respecto al origen o destino de los fondos mencionados en las publicaciones.
Un conflicto en el escenario digital
Este caso se inscribe en una creciente tendencia de figuras públicas que recurren al sistema judicial para enfrentar ataques reputacionales surgidos en redes sociales.
La citación del 31 de julio marcará el inicio del proceso formal, que podría escalar a mayores consecuencias legales si se comprueba dolo o falsedad en las declaraciones.
En la actualidad, los delitos de alta tecnología y las infracciones relacionadas con la libertad de expresión en medios digitales son objeto de seguimiento por parte de las autoridades judiciales, especialmente cuando afectan el honor, la intimidad o la imagen pública de funcionarios del Estado.
Redacción Al Minuto
Dary Terrero
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