Dary Terrero
La Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, recientemente promulgada, introduce transformaciones profundas en el sistema de adquisiciones del Estado dominicano.
El especialista Mihail García presentó un desglose de las principales novedades, enfocadas en fortalecer la eficiencia, la inclusión de las MIPYMES y la transparencia institucional.
Más principios para mejores decisiones
Uno de los cambios más significativos es el aumento de los principios rectores, que pasaron de 9 a 18. Este incremento aporta mayor solidez normativa, ampliando los criterios éticos, técnicos y de control en todas las etapas del proceso de compras públicas.
Estos principios sirven como base para evaluar cada licitación, asegurar el cumplimiento de la ley y reducir la discrecionalidad administrativa.
Compras menores más ágiles con tienda virtual
La normativa incorpora la creación de una tienda virtual estatal. Esta herramienta digital permitirá gestionar compras por debajo del umbral establecido, reduciendo tiempos, simplificando procedimientos y facilitando el acceso de suplidores pequeños.
Con esta medida, el Estado busca eliminar trabas burocráticas en adquisiciones menores y fomentar la participación de empresas emergentes o con limitada capacidad operativa.
Mejor calidad-costo como criterio de evaluación
Uno de los avances técnicos más relevantes es la incorporación del criterio de “mejor relación calidad-costo”.
Esto significa que las entidades públicas podrán adjudicar contratos no sólo con base en el precio más bajo, sino también considerando durabilidad, eficiencia y valor agregado del bien o servicio.
Este cambio impactará de forma positiva en la calidad del gasto público y reducirá la rotación frecuente de suplidores con ofertas poco sostenibles.
Aumento de participación para las MIPYMES
La nueva ley eleva del 20 % al 30 % el mínimo de contratación reservado a las MIPYMES.
Esta disposición tiene como objetivo garantizar que un mayor porcentaje del presupuesto estatal fluya hacia sectores productivos pequeños y medianos.
Con esta mejora, se busca dinamizar economías locales, reducir desigualdades regionales y estimular el empleo a través de contrataciones inclusivas.
Mejores condiciones de pago para suplidores
Además de garantizar más participación, el nuevo marco legal aumenta de 20 % a 30 % el monto de anticipo que el Estado puede otorgar a las MIPYMES adjudicatarias.
Este anticipo les permitirá financiar operaciones sin recurrir a préstamos onerosos o postergar entregas.
La medida reconoce la realidad de muchas pequeñas empresas que dependen del capital operativo para cumplir sus compromisos con rapidez y calidad.
Inclusión del factoring vía cesión de crédito
Una de las innovaciones más esperadas por el sector privado es la incorporación de la cesión de crédito.
Esta disposición abre la puerta a operaciones de factoring, es decir, al financiamiento a través del cobro anticipado de facturas con instituciones financieras.
Esto no solo oxigena a los suplidores, sino que convierte las cuentas por cobrar del Estado en activos movilizables, aportando liquidez sin aumentar deuda pública.
Un nuevo enfoque en las compras públicas
Según Mihail García, esta ley marca un punto de inflexión en el sistema de compras de la República Dominicana.
Al combinar herramientas tecnológicas, reglas más claras y acceso financiero, se sientan las bases para un modelo más justo y eficiente.
El éxito de estas reformas dependerá ahora de su implementación real, así como de la voluntad institucional de aplicar los principios y mecanismos establecidos.
Dary Terrero
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