Dary Terrero
El comunicador Ángel Martínez deberá cumplir con tres medidas de coerción tras ser imputado por difamación e injuria: impedimento de salida del país, garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica ante las autoridades judiciales.
La decisión fue adoptada este martes por el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de conocer la solicitud del Ministerio Público y las argumentaciones de la defensa del acusado.
Caso enciende el debate sobre límites de la libertad de expresión
Martínez enfrenta esta acusación tras una querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien lo señala como responsable de divulgar informaciones falsas con intención de dañar su honor y reputación.
Durante el proceso, se ventiló el alcance de los señalamientos que Martínez realizó públicamente, los cuales habrían sobrepasado los límites del ejercicio comunicacional para incurrir, según el Ministerio Público, en un acto delictivo.
Juez rechaza prisión preventiva
El tribunal no acogió la solicitud de prisión preventiva, pese a la insistencia de la parte querellante, que consideró necesario aplicar una medida más restrictiva dada la gravedad de los hechos.
No obstante, el juez optó por las medidas alternas, citando criterios de proporcionalidad y el estado de salud del acusado.
Esta decisión permitirá a Martínez mantenerse en libertad mientras avanza la investigación, pero con claras restricciones de movilidad y bajo vigilancia judicial.
Audiencia atrajo atención mediática
La audiencia generó gran expectación en el ámbito judicial y mediático, no solo por el perfil del imputado, sino también por las figuras políticas involucradas.
Las reacciones no se hicieron esperar, con opiniones divididas sobre si las medidas impuestas son suficientes o si debió imponerse una coerción más severa.
Martínez, quien ha lucido visiblemente afectado en sus últimas apariciones públicas, deberá presentarse periódicamente ante el tribunal, además de cubrir la garantía económica impuesta como fianza.
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