Organizaciones del exilio venezolano presentaron este lunes al Congreso de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, un informe que denuncia una situación migratoria “más inestable” desde 2025, cuando comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump.
El documento, elaborado por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), sostiene que las decisiones migratorias adoptadas desde entonces dejaron a los venezolanos con menos protecciones, permisos de trabajo interrumpidos y mayor exposición a la detención.
Fin del TPS y consecuencias
El reporte señala como factores críticos el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), del que dependían unos 607,000 venezolanos, la reducción de los permisos humanitarios (parole) y la eliminación, desde octubre, de la prórroga automática de los permisos de trabajo.
Según el texto, estas medidas se refuerzan entre sí: sin permiso vigente no hay empleo, ni seguro médico, ni licencia de conducir renovada, mientras el expediente migratorio permanece abierto. El informe recoge al menos tres casos documentados en julio y agosto de venezolanos detenidos pese a tener permiso de trabajo, uno de ellos con licencia de conducir y asilo pendiente.
Las organizaciones aclaran que no califican estas medidas como ilegales ni les atribuyen una intención única, pero piden que cada custodia se decida caso por caso y sea revisable. La misma exigencia aplican a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada contra presuntos miembros del Tren de Aragua, grupo criminal que Washington vincula con Venezuela, aunque el Gobierno venezolano lo ha negado.
Peticiones y contexto internacional
El informe también examina el acuerdo por el que Liberia aceptó recibir hasta 1,200 ciudadanos de otros países en doce meses, un programa que, según Monrovia, contempla sobre todo a latinoamericanos, incluidos venezolanos. El primer vuelo llegó el 20 de agosto con veinte personas, sin que se confirmara la presencia de venezolanos.
Las peticiones de las organizaciones se resumen en tres puntos:
- Cifras desglosadas de los venezolanos detenidos, ya que no existe un conteo federal público.
- Que una demora administrativa no implique la pérdida de empleo para quienes esperan sus papeles.
- Transparencia sobre los acuerdos con países receptores de expulsados.
La terminación del TPS decretada en 2025 sigue impugnada ante la Corte Suprema. Según el Pew Research Center, unos 1.2 millones de personas de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024, más del 40 % en Florida.