Dary Terrero
El procurador general adjunto, Iván Féliz, negó de forma categórica que exista un video íntimo de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tal como ha asegurado públicamente la comunicadora Ingrid Jorge, conocida como “La Torita”.
Féliz fue interrogado por el Ministerio Público, ante el cual rechazó las acusaciones y denunció que las afirmaciones buscan difamarlo, desinformar y generar viralidad en redes sociales a partir de ataques personales y profesionales.
Acusaciones cruzadas en un conflicto mediático
El funcionario señaló que Ingrid Jorge ha difundido declaraciones sin sustento, entre ellas la alegación de que él le entregó un supuesto video comprometiendo a la ministra Raful.
Según su testimonio, esas versiones forman parte de un “guion absurdo”, en el que también estaría involucrada Johanna Madera de Stanley, a quien identifica como coautora de lo que califica como una campaña de descrédito.
Féliz agregó que incluso se le ha acusado falsamente de chantajear a la ministra para facilitar presuntas actividades ilícitas, lo cual niega rotundamente.
“Colocó que yo tenía ‘chantajeada’ a la ministra de Interior y Policía con un supuesto video —el cual no existe— para que ella me dejara pasar la supuesta droga que yo vendía”, declaró ante las autoridades.
Ingrid Jorge mantiene su versión
Por su parte, Ingrid Jorge, quien anteriormente ha estado envuelta en controversias mediáticas, sostiene que recibió el material del propio Iván Féliz y que el contenido involucra tanto a la ministra Faride Raful como a la exministra de Cultura, Milagros Germán.
Aunque no ha presentado pruebas que sustenten sus afirmaciones, Jorge reiteró su versión en redes sociales y medios digitales, generando un debate público que ha obligado a intervenciones oficiales.
Conflicto en el ojo del Ministerio Público
Las autoridades investigan las declaraciones cruzadas, mientras el Ministerio Público evalúa si corresponde abrir un proceso formal por difamación, calumnia u otros posibles delitos vinculados a la propagación de contenido no verificado.
La ministra Faride Raful, al momento, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el tema, aunque en su entorno se ha calificado como “falsedad temeraria” cualquier intento de vincularla a videos de carácter privado.
Llamado a la responsabilidad comunicacional
El caso ha reabierto el debate sobre los límites éticos en la exposición mediática de figuras públicas y el uso de plataformas digitales para difundir acusaciones sin pruebas.
Juristas han advertido que la difusión de información íntima —aún cuando sea falsa— podría constituir delitos penales y civiles.
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Steffany Baez
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