JCE advierte que recorte presupuestario vulnera la estabilidad del sistema de partidos

El órgano electoral señala que una nueva reducción al financiamiento afectaría la planificación operativa y logística de las organizaciones, impactando la equidad y la seguridad jurídica.

SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) manifestó su profunda preocupación ante la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % la asignación presupuestaria destinada a los partidos políticos. Según el órgano electoral, de concretarse esta medida, se vería gravemente afectada la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de las agrupaciones políticas.

A través de un comunicado de prensa, la JCE defendió que los partidos organizan sus gastos y obligaciones basados en la certidumbre de la Ley 99-25 y la Resolución núm. 01-2026. El pleno advirtió que un nuevo reajuste tendría un impacto negativo en los principios de legalidad, integridad electoral y equidad en la contienda.

Incumplimiento de los porcentajes legales

La JCE recordó que el marco legal vigente establece montos específicos que ya han sido objeto de ajustes previos:

• Mandato de la Ley 20-23: El artículo 224 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral dispone que, en años no electorales, la contribución del Estado debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.

• Situación actual: No obstante, la Ley de Presupuesto para 2026 ya consignó apenas un 0.12 %, lo que representa menos de la mitad del monto legalmente establecido.

• Riesgo operativo: Someter a las organizaciones a un recorte adicional sobre este 0.12 % comprometería seriamente su capacidad de funcionamiento.

Llamado al respeto institucional

Como órgano encargado de velar por la transparencia y la equidad en el uso del financiamiento (según los artículos 211 y 212 de la Constitución), la JCE realizó un llamado a las autoridades competentes para que actúen conforme al marco legal y constitucional vigente.

La institución subrayó que el respeto a las reglas preexistentes es fundamental para garantizar la estabilidad del sistema democrático y el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a los partidos por el artículo 216 de la Constitución.