Dary Terrero
Los abogados Fredermido Férreras Díaz y Frederick Leonel Ferreras González acudieron este miércoles 23 de julio a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional para presentar una querella formal con constitución en actor civil en nombre de María Magdalena Díaz Pérez, madre del ex pelotero Octavio Dotel Díaz.
La acción legal está vinculada al colapso del techo del centro de diversión Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, donde falleció el exjugador de Grandes Ligas.
La parte querellante exige una condena de 30 años de prisión contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, así como una indemnización de 500 millones de pesos.
Alegan dolo eventual e irresponsabilidad criminal
Los abogados sostienen que los dueños del Jet Set actuaron con “dolo eventual”, una figura penal que implica que, aunque no se buscaba directamente causar un daño, sí se era consciente del peligro real que implicaban sus decisiones y se actuó con indiferencia.
En ese sentido, piden la reclasificación del caso de violación al artículo 319 del Código Penal —que contempla la imprudencia o negligencia— a los artículos 295, 296 y 304, que tipifican el homicidio voluntario, intencional y agravado.
El escrito sometido plantea que los propietarios tenían conocimiento previo del riesgo inminente de colapso que presentaba la estructura del establecimiento, ya que habrían sido advertidos en varias ocasiones por especialistas técnicos, incluyendo un informe reciente de la comisión investigadora que confirmó las condiciones deplorables del techo.
“Fiestas como si nada”: insisten en premeditación y alevosía
La querella afirma que, pese a las advertencias, el Jet Set siguió operando con normalidad, organizando eventos con multitudes bajo un techo que presentaba signos visibles de deterioro.
En la acusación se indica que, incluso la tarde del 8 de abril, un empleado identificado como Gregory Cepeda y varios ingenieros habrían reiterado el peligro de derrumbe.
La madre del exjugador dominicano considera que hubo premeditación y alevosía por parte de los dueños del negocio, ya que, conociendo el alto riesgo estructural, expusieron de manera deliberada a los asistentes, aparentando que se trataba de una edificación segura.
También demandan al Estado y al cabildo
Además de la acusación contra los propietarios del establecimiento, la querellante solicita que se incluya como responsables solidarios al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por alegada omisión en su deber de supervisión y fiscalización de las condiciones de seguridad del local.
En consecuencia, se pide que todos los señalados sean condenados a pagar, de manera solidaria, una indemnización civil de 500 millones de pesos y que los responsables principales enfrenten una pena máxima de 30 años de reclusión mayor.
En espera de admisión
La querella fue depositada formalmente ante las autoridades competentes y ahora queda en manos del Ministerio Público decidir si acoge la solicitud de variación de calificación jurídica y la ampliación del expediente por homicidio agravado.
La familia de Octavio Dotel, en voz de su madre, busca justicia ejemplar ante lo que considera un acto criminal disfrazado de negligencia, con consecuencias trágicas que aún conmocionan a la sociedad dominicana.
Steffany Baez
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