Steffany Baez
La directora general de Persecución del Ministerio Público, Mirna Ortiz, aseguró este lunes que el expediente del caso SeNaSa cuenta con las evidencias necesarias para sustentar una eventual condena contra los imputados y afirmó que la acusación formal será depositada dentro del plazo establecido por la ley.
Declaraciones de Ortiz
“Este Ministerio Público jamás ha presentado un caso sobre el cual no tenga pruebas”, respondió la magistrada al ser cuestionada sobre la fortaleza del proceso judicial durante un intercambio con la prensa previo a su participación en el panel “Desafíos para la protección de los derechos fundamentales frente al nuevo Código Penal”, organizado por el Defensor del Pueblo en la Universidad APEC (Unapec).
Ortiz sostuvo que la sola solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador evidencia la solidez del expediente y agregó que, desde el inicio de la investigación, se han incorporado nuevos elementos probatorios. “Si examinan la sola solicitud de medida de coerción, les va a dar una idea de la contundencia de las evidencias que el Ministerio Público tiene para presentar en este proceso”, expresó.
Fortalecimiento del caso
La funcionaria reiteró que el expediente continúa fortaleciéndose con nuevas pruebas y que el Ministerio Público cumplirá con los plazos procesales para presentar los actos conclusivos. “Es un caso fuerte. Estamos recabando todas las evidencias que fortalezcan aún más lo que ya se presentó para la medida de coerción”, afirmó.
Nuevo Código Penal
En otro orden, Ortiz defendió la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que constituye “un cambio trascendental” para el sistema jurídico penal dominicano. Explicó que la legislación incorpora tipos penales que antes no estaban contemplados, como el bullying, el cyberbullying, el feminicidio y nuevas figuras relacionadas con la corrupción, lo que obligará a todos los operadores del sistema de justicia a actualizar sus conocimientos para aplicar correctamente la normativa.
Respecto a las penas acumuladas de hasta 60 años de prisión, sostuvo que la disposición debe analizarse también desde la perspectiva de las víctimas y recordó que la imposición de una condena dependerá de la gravedad del delito, el nivel de participación del imputado y las circunstancias particulares de cada caso.
Ortiz manifestó que el nuevo Código Penal debe entrar en vigencia y consideró que, como toda legislación, podrá ser perfeccionado en el futuro conforme a las necesidades que surjan de su aplicación.
Dary Terrero
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